La posición del PNV de no interponer recurso judicial y a la vez reivindicar en la citada declaración la legalidad de su actuación, tergiversando la normativa consensuada de perfiles lingüísticos (Decreto 86/1997), cuya filosofía ha incumplido, resulta vergonzante.
Dos pilares de ese Decreto, para la imprescindible atención ciudadana bilingüe, son el respeto de los índices sociolingüísticos locales de obligado cumplimiento (artículo 11) y las ayudas y liberaciones para poder aprender euskera (DT 4ª). En Barakaldo el índice actualizado es del 30% (proporción legal de puestos de la plantilla municipal que deben tener como requisito un perfil lingüístico), razonable para atender el uso declarado del euskera en el municipio que es del 8,5% (Eustat 2021). Y en esta licitación se exigía al 100% de los trabajadores, además, tras años denegando las peticiones de cursos de euskera solicitados por las y los trabajadores.
CCOO de Euskadi lleva tiempo advirtiendo del triste proceso que está dinamitando los consensos lingüísticos vascos. Lamentablemente, ante esta situación, prevemos nuevos recursos frente a los procesos de estabilización en aplicación de la sentencia de Irun (personal funcionario), y frente a licitaciones por la sentencia de Barakaldo (personal subcontratado).
En todo caso, el sindicato vuelve a tender la mano para reconducir esta deriva y renovar los pactos transversales (apoyados entonces por PNV, PSE, EA, EE, UCD, EPK) derivados de la Ley del euskera, hoy crecientemente incumplidos.
Estamos ante la confrontación de dos modelos de país: la promoción pública e inclusiva del euskera frente a una política excluyente de perfiles, que pretende privatizar individualmente el dinero y tiempo necesario para aprender euskera. Estamos a tiempo de retomar el camino que no se debió abandonar. El Gobierno Vasco de PNV y PSE tiene la máxima responsabilidad en ello, pero como sindicato reafirmamos nuestro compromiso firme en la defensa de aquellos consensos.
