Las manifestantes han portado varios muñecos de inocente durante la movilización para mostrar su rechazo al desalojo de una mujer de 52 años y de su hija menor de edad; las siguientes víctimas de una larga lista en la "inocentada" de los desahucios.
"La aprobación del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre debería haber supuesto un freno a los desahucios, pero les ha sido tan sencillo como no aplicar su propia legislación para jugar con nuestras expectativas e incumplir, nuevamente, nuestro derecho a una vivienda digna", han denunciado.
Dicho Real Decreto-ley obliga a las comunidades autónomas a garantizar el realojo inmediato en una vivienda a personas en situación de vulnerabilidad acreditada en caso de desahucio (como lo es el caso de esta mujer y su hija menor de edad) excluyendo albergues o centros de acogida.
Berri-Otxoak ha declarado que "el equipo de gobierno de Barakaldo y la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco nos siguen tomando el pelo al infringir las resoluciones preceptivas europeas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; la normativa estatal (el mencionado Real Decreto-ley) y la legislación antidesahucios del Gobierno Vasco."
La normativa antidesahucios a la que se refiere la plataforma fue firmado por el propio Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos EUDEL y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2013 tras el suicidio de la barakaldesa Amaia Egaña, desalojada de su vivienda. Esta normativa se actualizó en 2019, pero no se aplica. "Otra inocentada de muy mal gusto", han apostillado.
A dos días de la ejecución del desahucio, ni los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una alternativa habitacional a esta familia monomarental con una menor a cargo.
Las integrantes de la entidad barakaldesa contra la precariedad y la pobreza en la localidad fabril han tildado a estas administraciones de ser "los Herodes de nuestro tiempo, ya que dejan a familias "inocentes" con menores a cargo sin la vivienda de alquiler social a la que tienen derecho."
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, el 12 de agosto de 1992, y en sus 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde hace 25 años, desde el 17 de noviembre de 1997, una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado más de 15.000 familias de la localidad.
