- indexar la RGI al salario mínimo interprofesional de forma permanente y blindarlo para que no se puedan aplicar recortes vía presupuestos
- que se permita hace un número de peticiones de RGI por vivienda igual o inferior al número de habitaciones
- que se especifiquen las cuantías de los incentivos al empleo
- eliminar el límite temporal de tres años para la percepción para las unidades de convivencia especiales con personas a cargo, dentro de otra unidad de convivencia entre familiares, como mujeres con hijos que se ven obligadas a compartir casa por falta de recursos
- periodo mínimo de residencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco sea sólo un año, en lugar de los hasta tres que se exigen en algunas situaciones
- eliminar el requisito de que el domicilio de empadronamiento tenga cédula de habitabilidad, de tal manera que puedan acceder a la RGI las personas sin hogar, que pueden ser notificadas vía Correos o vía una oenegé
- reducir de 23 a 18 años la edad mínima de percepción y así facilitar la emancipación de los jóvenes
- equiparar en número e importancia las noticias sobre el fraude en la RGI, que es un 0,4%, "muy inferior al fraude fiscal" o las "malas praxis" de Lanbide
- prohibir la exigencia de datas biométricos por parte de Lanbide a los solicitantes
- dar una "prioridad absoluta" a la atención presencial frente a la notificación electrónica, que no está al alcance de la mayoría de personas sin recursos
- respeto del derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, frente a la creación de la unidad de inspección y control con posible acceso a las viviendas
- restablecer el convenio de mutuo acuerdo de inserción sociolaboral y rectificación de ruptura del mismo que prevé la futura ley al imponer la formación sin atender las necesidades, circunstancias o deseos del perceptor
- que Lanbide sea totalmente la responsable respecto a las cuantías de RGI concedidas y asumir sus errores de cálculo, sin exigir al perceptor la devolución de lo indebidamente otorgado por el servicio vasco de empleo
- que no se aplique a la RGI el decreto por el que se aprueba el reglamento de hacienda general del País Vasco
Sobre la prestación complementaria de vivienda (PCV)
- rectificar el recorte a 275 euros previsto en la nueva ley, que reduce la actual cuantía de 320 actuales
- que la cuantía se establezca en función de los precios actuales del mercado de alquiler, con referencia al alquiler medio de una vivienda completa
- garantizar el pago íntegro del alquiler que se pague
Sobre las Ayudas de Emergencia Social (AES)
- que sean un derecho subjetivo para evitar de este modo los recortes de las cuantías que aplican los Ayuntamientos
La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales Berri-Otxoak ha comparecido hoy a las 13:00h ante la comisión de trabajo y empleo del Parlamento Vasco.
La plataforma ha reivindicado que los recortes realizados en 2012 a la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión no han sido revertidos con la nueva propuesta de reforma de la Ley.
En su comparecencia ante la comisión parlamentaria ha propuesto cambios en esta nueva modificación para incluir a aquellas personas que actualmente permanecen fuera del sistema de protección y para que la gran mayoría de las que están incluidas puedan salir definitivamente de la espiral de la pobreza y la precariedad.
Han reivindicado entre otras cosas el mantenimiento de la indexación de las cuantías al SMI, la eliminación del coeficiente reductor del 15% a las unidades de convivencia que compartan vivienda, la de la exigencia de empadronamiento en un domicilio con cédula de habitabilidad para facilitar el acceso al sistema de las personas sin hogar, y dar marcha atrás a los recortes a las familias monomarentales.
En concreto, se ha denunciado en que el nuevo borrador para reformar la ley de la RGI pretende recortar aún más los ingresos del colectivo de personas solas, pensionistas y del de las familias con un menor a cargo.
El documento de reforma de la actual legislación de la RGI mantiene los recortes entre el 20% y un tercio aplicados desde el año 2012 a las cuantías de la RGI. Asimismo, se retira la actual indexación de la cuantía de la RGI al 100% del SMI para la personas pensionistas o al 88% para el resto de unidades de convivencia. La cuantía se establecerá sin ningún criterio claro, al albur de lo que crea conveniente el Gobierno Vasco de turno.
Se mantiene uno de los principales recortes introducidos el año 2012: se penaliza a las personas que comparten pisos de alquiler: “cuando en un mismo domicilio resida más de una unidad de convivencia, sea beneficiaria o no de la RGI, la cuantía se recortará aplicando un índice corrector a la baja del 15%”. Castigando, de este modo, a las personas y familias más vulnerables y precarias que son las que se ven obligadas a compartir piso.
El proyecto de reforma de la RGI mantiene los recortes a las ayudas al alquiler: de los 320 euros en el 2011 con la nueva redacción serán 275 euros mensuales. Cuantía que no cubre ni el precio medio de una habitación en alquiler.
Además este texto de reforma de la RGI mantiene el último recorte realizado por Lanbide a la familias monomarentales perceptoras de la RGI a través de su Instrucción interna JAR-DBE-023, que imposibilita su independencia económica si son acogidas por sus familiares producto de una separación, divorcio o desahucio y si sus menores a cargo superan una determinada edad, que con la nueva redacción serán los 3 años.
Según la memoria económica, esta reforma de la RGI supondrá un coste de 42 millones de euros. El ahorro del Gobierno Vasco a cuenta de la gestión del IMV será de 188 millones de euros. El Gobierno Vasco recorta el sistema de garantía de ingresos cuando se va a “ahorrar”, como mínimo, 142 millones de euros. Esto es: existen recursos para revertir los recortes aplicados durante la última década y ampliar los derechos sociales.
En sus 33 años de historia, la ley de la RGI se ha visto incapaz de:
-Acoger a todas las personas en riesgo de pobreza y exclusión, ya que cada año, aproximadamente, un tercio de la población en riesgo de exclusión social no accede al sistema: 54.197 personas en 2020, 60.618 en el 2018, 59.497 en el 2016
-Superar la pobreza: Aproximadamente un tercio de la población que accede al sistema de RGI no sale de la pobreza: 67.306 personas en 2020, 70.348 en 2018 y 63.069 en 2016
La reforma de esta ley se realiza cuando las situaciones de pobreza se han visto agravadas por el actual contexto bélico y los años de pandemia y crisis social. Cabe destacar que los recortes recogidos en esta nueva propuesta de reforma de la RGI repercuten de forma directa en las 727.897 personas -un tercio de residentes en la CAPV-, que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes: en concreto, la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades del Gobierno Vasco”, señala que un 19’9% de la población (432.219 personas) manifiesta una situación de pobreza; un 8% (174.176 personas) está en riesgo de pobreza; y el 5’6% (121.502 personas) se encuentra en situación de pobreza real.
