La pandemia y la actual situación de conflicto bélico han conllevado un aumento de la precariedad y de la pobreza en Barakaldo, a las cuales el equipo de gobierno ha respondido con un presupuesto insuficiente para las ayudas de emergencia, la no ampliación de los servicios sociales y manteniendo la carencia de recursos urgentes.
Entre otras, las vulneraciones de derechos padecidas por las familias usuarias son:
- Demoras de hasta cinco meses en la atención y concesión de las ayudas de emergencia.
- Retrasos de al menos mes y medio en la atención de casos urgentes por carencia de recursos.
- Congelación del presupuesto para las ayudas municipales en los últimos nueve años.
- Ausencia de cobertura en las bajas por enfermedad o vacaciones del personal de los servicios sociales municipales.
- Incumplimiento de la anunciada promesa de reforzar la plantilla, conllevando dilaciones en la atención y ampliación de los tiempos de espera para las familias usuarias.
La plataforma declara que estas decisiones políticas no son producto de la casualidad. “La falta de un presupuesto suficiente conlleva aplicar recortes a unos servicios sociales saturados, a endurecer los requisitos de acceso a las ayudas de emergencia o a recortar la asignación económica a percibir por las familias más necesitadas”, han comunicado.
La normativa municipal que regula el acceso a las ayudas de emergencia contempla recortes denunciados por el Defensor del Pueblo, endurece los requisitos de acceso y reduce las cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad. El concejal liberado Mikel Antizar prometió mejoras pero las familias lo único que están sufriendo son recortes del 50% en las cuantías establecidas por el Gobierno Vasco para cubrir lo más básico:
- La cuantía máxima establecida por el Gobierno Vasco en 1.850€ para atención sanitaria, necesidades primarias, educación y alimentación ha sido recortada a 1.000€.
- La correspondiente a energía, de 1.500€ a 500€ o a 200€ si se tiene concedido el bono social.
- Aquella para electrodomésticos, de 1.850€ a 350€.
- Para gastos de adaptación y reparación de la vivienda, de 1.850€ a 600€.
- En gastos de disfrute y mantenimiento de la vivienda habitual (Agua, IBI, Alcantarillado), de 900€ a 800€ o 500€ si se reside en una vivienda en alquiler.
- Para gastos de instalaciones básicas de la vivienda, de 1.850€ a 1.000€.
Vista la situación, Berri-Otxoak ha exigido al concejal Mikel Antizar que "sea consecuente con la situación que vive la localidad, que cumpla sus afirmaciones y fundamentalmente, que cumpla las leyes que amparan a la población más vulnerable".
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en agosto de 1992, y en sus 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 14.000 familias.
