Al gobierno local no le interesa anunciar y respetar los derechos sociales que asisten a cientos de familias barakaldesas con graves dificultades para llegar a fin de mes. Por lo que queda claro que la bandera oficial para el consistorio es la de los recortes.
La plataforma contra la exclusión se ha concentrado ante el ayuntamiento para mostrar su indignación frente al hecho de que el gobierno local nuevamente no realiza ningún tipo de campaña informativa sobre las prestaciones sociales a las que tienen derecho cientos de familias del municipio.
Ante la apertura este lunes 14 de febrero del plazo de solicitudes para las ayudas de emergencia en Barakaldo. Tras 4 meses sin que las familias del municipio pudieran acceder a una ayuda social.
Incumpliendo la “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas” que señala el derecho de las personas a relacionarse, solicitar y comunicarse con la Administración en cualquier momento del año.
Un ejemplo de cumplimento de la normativa es la actuación del Ayuntamiento de Bilbao. El cual ha acordado que permanezca abierto durante los 12 meses del año la posibilidad de solicitar una ayuda de emergencia.
Esta apertura de solicitudes se realiza sin ningún tipo de publicidad al contrario de las continuas campañas de propaganda que realiza el equipo de gobierno con innumerables anuncios en los medios de comunicación, colocación de cientos de carteles en los establecimientos comerciales, octavillas o revistas en los buzones y bandos en la totalidad de portales del municipio.
Política de recortes que lleva al equipo de gobierno a congelar, por noveno año consecutivo, las ayudas económicas municipales en 960.000 euros sin atender las situaciones de precariedad, desempleo y pobreza que viven miles de familias del municipio.
Esta actuación no es casual. Berri-Otxoak ha declarado que “la falta de un presupuesto suficiente conlleva aplicar recortes a unos servicios sociales saturados, endurecer los requisitos de acceso a las ayudas de emergencia o recortar de forma sistemática en un 20% la asignación económica a percibir por las familias más necesitadas, más si cabe teniendo en cuenta las consecuencias económicas y sociales que está conllevando la pandemia del coronavirus”.
Las innumerables vulneraciones de derechos ha conllevado que el Ararteko abra expediente al Ayuntamiento de Barakaldo debido a sus reiteradas irregularidades en materia social.
El defensor del pueblo interviene ante la situación generada a decenas de familias que vieron imposibilitado el acceso a las ayudas de emergencia los años 2020 y 2021. Pese a que estas familias cumplían los requisitos y entregaron la documentación exigida en tiempo y forma, no se les abonó su ayuda de emergencia alegando que “no queda acreditada la entrega de toda la documentación solicitada.”
La entrega de documentación se realizó a través de un buzón colocado en la vía pública, ante el Departamento de Acción Social. Sin poder acceder a ningún tipo de resguardo que acreditara el día y documentación entregada en las diferentes gestiones de acceso y solicitud de las ayudas de emergencia.
A cuenta de las denuncias realizadas, el gobierno local ha tenido que retirar dicho buzón y habilitar durante el pasado mes de diciembre y enero la atención presencial para que las familias barakaldesas puedan acreditar de forma fidedigna que han entregado toda la documentación solicitada.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 14.000 familias.
