Enumeraron las deficiencias que dicha reforma tiene: sigue ofreciendo a la patronal la posibilidad ilimitada para un despido fácil y barato, para regular las condiciones de trabajo valiéndose del dinero público a través de unos ERTEs sin supervisión, y no cierra la posibilidad del trabajo precario a través de ETTs, entre otros…
Reconocieron algunos cambios positivos para los y las trabajadoras, como la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de fábrica, algo que favorece e las empresas con poca plantilla; así como la supresión parcial de algunos tipos de contratación en precario. Sin embargo, no está asegurada, a día de hoy, la prevalencia de los convenios provinciales sobre los estatales, algo muy lesivo para los y las trabajadoras vascas.
En cualquier caso consideran que a pesar de estos “retoques cosméticos” esta reforma no hace sino legitimar la pérdida de derechos que se dio en las anteriores reformas de 2010 y 2012 (Zapatero y Rajoy) y sería un flagrante incumplimiento de las promesas electorales de los dos partidos que sustentan el Gobierno de Madrid, quienes prometieron la derogación total.
Por todo ello el movimiento pensionista apoyó con su marcada presencia ayer día 30, en Bilbo la manifestación convocada por la mayoría sindical ya que: “Salarios y condiciones laborales nos afectan directamente a los pensionistas, porque son la base principal de las cotizaciones, y porque nuestras pensiones son en muchos casos el único sustento de familias precarizadas, laboral y socialmente. El SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES es un sistema de REPARTO, de SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL”. Prometen seguir en la lucha contra estas reformas hasta conseguir una pensión mínima de 1.080 € y un SMI de 1.200 € que las sustente.
También valoraron positivamente la asistencia a anteriores convocatorias, como la del 23 en Bilbo (sanidad) y las del 24 comarcal pensionista en Trápaga, y anunciaron que se movilizarán también el próximo 12 de febrero junto con los pensionistas de todo el Estado.
Tras recordar que la situación en las residencias y la atención presencial en banca y administración siguen siendo reivindicaciones constantes de este colectivo, pasaron a explicar la fórmula empleada por Hacienda para actualizar las pensiones de 2021 y calcular las pensiones mensuales de 2022. En este apartado dijeron sentirse perjudicados y perjudicadas por el cambio de sistema para calcular el IPC, base de revalorización de dichas pensiones.
En efecto, en vez de utilizar el cálculo del IPC interanual de noviembre a noviembre, como venía siendo habitual, el Gobierno ha eludido esta subida del 5,6 %, aplicando en su lugar la media del IPC interanual de todos los meses intermedios, lo cual arrojaría un porcentaje de un 2,5 %. La diferencia, el 3,1 % sería pérdida del valor adquisitivo de sus pensiones y se repetiría año tras año sumándose a otras pérdidas anteriores.
Sin más se dieron cita para el lunes próximo en la Herriko plaza.
