La iniciativa ha unido a personas contrarias al tren de alta velocidad (TAV), antimilitaristas y defensoras de los derechos sociales, para manifestar que “el acuerdo de presupuestos no contemplan el contexto de crisis económica y socio-sanitaria que atraviesa la ciudadanía, pues contienen múltiples recortes en las partidas destinadas al gasto social, como en sanidad, vivienda, prestaciones sociales o educación”; cuando "garantizar una sanidad y educación universales y de calidad, y acabar con la pobreza existente en nuestra sociedad, debería ser una opción política y presupuestaria".
Estos recortes contrastan con los datos reflejados en la última “Encuesta de pobreza y desigualdades”, la cual señala que un tercio de la población se encuentra con serias dificultades para llegar a fin de mes.
Los recortes, al acceso a una vivienda o prestaciones sociales dignas y suficientes, el Gobierno Vasco los aplica cuando señala que en el 7,6% de los hombres y el 12,3% de las mujeres en la CAPV se encuentran en situación de pobreza; esto es, 219 000 personas en riesgo de pobreza: 139 000 mujeres y 80 000 hombres. Además el 62% de las personas con serias dificultades para llegar a fin de mes en la CAV son mujeres; 187.000 mujeres y 117.000 hombres, 304.000 personas en total.
El Gobierno Vasco constata, además, que la pobreza infantil crece un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar a un 11,7% de la población menor de 14 años: 92 000 niños y niñas en la CAV están en peligro de pobreza o exclusión social, principalmente en hogares encabezados por mujeres.
En este sentido, las personas concentradas han destacado, que las familias pensionistas, o con personas dependientes, verán recortados sus derechos, y cuantía de las prestaciones que las corresponde por la actual normativa, en 300€ mensuales.
“Mediante el acuerdo suscrito entre PNV, PSE y EH Bildu, la RGI se verá recortada un 30%; respecto a lo que por la actual legislación corresponde. Es un recorte especialmente sensible al afectar a miles de familias y personas desempleadas, con empleos precarios o pensionistas”, han destacado.
Las Ayudas de Emergencia Social se recortan un 5%, en 2 millones de euros. Las personas concentradas señalan que "si su cuantía ya era escasa, ahora será claramente insuficiente para garantizar a miles de familias el acceso y mantenimiento de su vivienda habitual".
A sumar que los recortes a las ayudas al alquiler se mantienen un año más: de los 320 euros mensuales en el 2011 el próximo año serán 275, cuantía no cubre ni el precio medio de una habitación en alquiler.
“Estos recortes se producen cuando se vulnera el derecho a una vivienda digna; y cuando a las familias en proceso de desahucio no se les garantiza una alternativa habitacional como obliga la "Ley de Vivienda" del Gobierno Vasco y los protocolos de actuación suscritos entre las diferentes administraciones vascas”, han denunciado las entidades convocantes.
Antimilitaristas, activistas contra el TAV y defensores de los derechos sociales han subrayado que “mientras se recortan las partidas destinas al gasto social se destinan al conjunto de las obras del tren de alta velocidad 388’4, y otros 48’2 para el ramal guipuzcoano; o 100 millones en subvenciones a la industria militar vasca”.
“Los presupuestos generales del Gobierno español para 2022 incluyen un gasto militar de 22.796 millones, un nuevo récord histórico”. A sumar que este pasado martes 14 de diciembre el Consejo de Ministros dio luz verde a la adquisición de 20 aviones de combate Eurofighter, por 2.000 millones de euros. Despilfarro al que debemos añadir la aprobación, en el mes de junio, el destinar 3.000 millones para diferentes programas de armamento como el Sistema Aéreo de Combate (FSAC).
“Esta dilapidación de recursos destinados al TAV y gasto militar no compensan necesidad alguna de la sociedad, pero sí suponen un derroche cuando necesitamos más escuelas, viviendas públicas, servicios sociales, hospitales o más prestaciones para las familias que sufren los actuales procesos de precariedad y pobreza en el contexto del pandemia del coronavirus”, han denunciado.
