Actualmente, dos delegados sindicales se encuentran a la espera de resoluciones judiciales. Uno de ellos, Zigor Azpiolea, fue denunciado por la empresa y la Ertzaintza y tuvo que prestar declaración en calidad de imputado por la vía penal el pasado mes de junio. Después de un largo proceso en el que hubo diferentes testimonios, la sala responsable de este auto sentenció que no existían hechos probatorios que permitieran desarrollar un juicio. El auto quedó sobreseído.
Aun así, hace escasos días la dirección ha decidido presentar recurso sin aportar nuevas pruebas pero sí intentando extender la imputación a otros delegados y delegadas.
También tenemos el caso de Arturo Sánchez, denunciado por los servicios de seguridad de la dirección tras resultar contusionado por el coche escolta el día que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró nulo el ERE, mientras celebraba junto a otros compañeros y compañeras la noticia en el parking exterior de la planta de Barakaldo. Desafortunadamente, esto no finaliza aquí.
Sin estar aún resuelta la situación del despido colectivo otros compañeros y compañeras están recibiendo por carta numerosas multas por su participación en la lucha en defensa de los puestos de trabajo. Las cifras totales alcanzan casi los 5.000 euros y los autos redactados por la Ertzaintza son ridículos, con una clara intención de castigar la lucha de los y las trabajadoras.
Situaciones descritas por este cuerpo policial como "el acusado se lanza contra el escudo", cuándo verdaderamente fue golpeado por un agente, o intentar acusar a una persona de dirigir ciertas protestas, confirman la impunidad con la que se actuaba contra las protestas.
Además, todos y todas tenemos presente las numerosas imágenes que circularon durante la huelga indefmida en la que trabajadores, responsables sindicales y jóvenes fueron salvajemente golpeados por agentes de la brigada móvil.
Siendo el caso más grave, el golpe con una porra que recibió el responsable de Industria de CCOO Javi Gomez en su rostro, quien presentó denuncia ante los juzgados y provocó el pronunciamiento del lehendakari Iñigo Urkullu.
Sin embargo, y pese a la comparecencia del propio lehendakari, como hemos descrito anteriormente la represión continúa ahora en forma de procesamientos y sanciones. Esto demuestra que existe una estrategia consensuada y coordinada entre la Patronal y el Gobierno Vasco para condenar la acción sindical y la de los y las trabajadoras en su conjunto. Este es el camino que ha escogido el Gobierno Vasco para afrontar los conflictos laborales, amedrentar las legítimas protestas que desarrollan las plantillas en defensa de sus puestos de trabajo.
Así ocurrió en PCB, pero también en Tubacex, en Petronor, en la lucha por el Convenio del Metal de Bizkaia, y allí donde se desarrolle un conflicto laboral. En este sentido, queremos trasladar nuestro más firme rechazo a esta vía emprendida contra los y las trabajadoras. La represión no es el camino, y desde luego, no va a conseguir romper la firmeza con la que la clase obrera defiende sus puestos de trabajo.
Por ello, emplazamos al Gobierno Vasco y a la Patronal en su conjunto a afrontar estas situaciones desde el diálogo y la defensa del derecho a unas condiciones de trabajo dignas.
Con respecto a PCB-ITP, la Dirección debe frenar la dinámica de represalias contra trabajadores y trabajadoras que participaron en la huelga indefinida y retirar las acusaciones contra los delegados citados anteriormente. Por último, queremos trasladar nuestra solidaridad no solo a los y las trabajadoras afectadas por esta situación en PCB-ITP, sino a todas aquellas que lo han padecido o lo están padeciendo por una causa tan justa como la defensa del futuro de todos y todas.
¡LA REPRESIÓN NO ES EL CAMINO!
GORALANGILEON BORROKA!
COMITÉ DE EMPRESA DE PCB-ITP
