La Comunidad Autónoma Vasca aprobará sus presupuestos en este mes de diciembre tras un acuerdo entre las partidos que conforman el Gobierno Vasco y la formación política EH Bildu. Tras los grandes titulares. Este acuerdo presupuestario esconde una realidad de múltiples recortes que afectarán a cientos de miles de personas y varios miles de familias vascas.
Así, un año más, se mantienen los principales recortes de presupuestos anteriores. La "irrisoria" subida del 3% de la RGI no alcanza ni siquiera a cubrir el alarmante incremento del IPC de estos meses. E incluso la pírrica subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no se tiene en cuenta.
En concreto, la RGI para el año 2022 debería situarse en 991€ mensuales (en 12 pagas); sin embargo, “el acuerdo presupuestario continua por la senda de los recortes: la cuantía para 2022 será de 727€, lo que supone dejar de percibir 265€ mensuales menos de lo que por la actual normativa corresponde, o lo que es lo mismo: recortar su cuantía en un 30%".
Familias pensionistas y personas dependientes perderán mayor poder adquisitivo con este acuerdo de presupuestos: "el complemento de pensiones, una de las modalidades de RGI que gestiona Lanbide, debería alcanzar según la actual normativa los 1.126€ (en 12 pagas), pero se establecerá en 834€. Esto implica que al 24% de las unidades de convivencia preceptoras de esta prestación (13.000 familias pensionistas) se las recorte cerca de 300€ todos los meses".
Del mismo modo, este acuerdo contempla un recorte del 5% a las Ayudas de Emergencia Social (2 millones de euros menos), en comparación a la partida consignada para este año. "Si su cuantía ya era escasa, ahora será claramente insuficiente para garantizar a miles de familias el acceso y mantenimiento de su vivienda habitual o la cobertura de necesidades básicas como alimentación, educación y atención sanitaria no cubierta por Osakidetza (gafas o dentista)".
La lluvia de recortes alcanza otro año más, esta vez con el visto bueno de EH Bildu, a la cuantía de las ayudas al alquiler, que ya sufrieron un tijeretazo en 2011 y que en la última década no han sido actualizadas proporcionalmente respecto a la subida de los alquileres, que aumentan desmesuradamente año tras año. "Se disminuye la prestación del año 2011 un 20% en 2022: de 320€ a 275€ mensuales, lo cual deja de garantizar el objetivo para el que están destinadas estas ayudas, el acceso a una vivienda digna. Es más, no cubre ni el precio medio de una habitación en alquiler”.
Estos recortes perjudican principalmente a las familias monomarentales; mujeres víctimas de violencia machista; personas afectadas por un desahucio; trabajadoras en precario; viudas; mujeres con menores a cargo, desempleadas o sin recursos suficientes para poder llegar a fin de mes. Las principales unidades de convivencia perceptoras de estas prestaciones sociales.
La plataforma barakaldesa contra la pobreza manifiesta estar "cansada de tanta hipocresía y de los cambalaches políticos", pues mientras se acuerdan estos recortes, en la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades del Gobierno Vasco” se constata que un tercio de la población residente en la CAPV tiene serias dificultades para llegar a fin de mes: el 19,9% (432.219 personas) indican no poder cubrir sus necesidades básicas; el 8% de la población (174.176 personas) está en riesgo de pobreza; y el 5,6% (121.502 personas) se encuentran en una situación de exclusión social.
Asimismo, se reconoce que no se atiende a cada una de tres (54.197) personas en situación de marginación grave y que la pobreza infantil ha crecido casi un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar a un 11,7% de la población menor de 14 años.
Por lo tanto, solo cabe concluir que “el acuerdo presupuestario del Gobierno Vasco y la formación política EH Bildu vuelve a dar la espalda a la realidad de las miles de familias empobrecidas residentes en la CAPV: no se garantiza el derecho a una vivienda digna y se empobrece aún más a quienes menos tienen recortando presupuesto a las Ayuda de Emergencia, a las prestaciones gestionadas por Lanbide o las ayudas al alquiler".
De este acuerdo político solo cabe deducir que "los partidos firmantes no tienen en cuenta ni la realidad de empleos precarios de las familias, ni los actuales precios de alquileres, totalmente desbocados. Sólo ahondan la senda de recortes que se vienen aplicando desde hace ya una década”.
Para finalizar, “desde Berri-Otxoak, se exige revertir la actual política de recortes; ser consecuentes con la actual situación de crisis socio-sanitaria y económica; garantizar los derechos y necesidades de todas las personas y familias; cumplir la actual normativa, que ampara a la población más vulnerable en materia de vivienda, salud y cobertura de sus necesidades más básicas”.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus cerca de 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 14.000 familias.
BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)
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