Como se puede comprobar en el anexo “CRITERIOS PARA LA TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2021” del Decreto de Alcaldía publicado en la página web del consistorio, desde hoy jueves 21 de octubre y durante casi cinco meses no se podrá solicitar ningún tipo de ayuda económica de gestión municipal. "Eso es más de un tercio del año. Además de ser ilegal, es inexcusable", ha sentenciado el colectivo.
Han recordado que la “Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas” señala el derecho de las personas a comunicarse con la Administración en cualquier momento del año.
Berri-Otxoak ha declarado que "no cabe cerrar el plazo de solicitudes este jueves para tramitar las que se hayan realizado en los meses anteriores. Debe haber suficiente personal para que la recepción de éstas y su posterior tramitación se realice sin perjuicio de lo expuesto en dicha ley y con una diligencia en su concesión propia de una ayuda de emergencia. De lo contrario, es comprensible que las familias que requieran ayuda se alarmen".
Como en la famosa serie, los recortes aplicados a los recursos municipales evidencian consecuencias desastrosas: la pérdida del domicilio y situaciones de sinhogarismo, que lejos de atajarse se intentan invisibilizar. El número de familias precarizadas y empobrecidas que afronta un desahucio o que tiene dificultades para llegar a fin de mes en Barakaldo es alarmantemente alto y está aumentando, producto de la mala gestión de la crisis económica provocada por la covid-19.
La asociación Barakaldesa constata que "debido al alto coste de los alquileres y a la situación económica que afrontamos actualmente, cada vez son más familias, muchas con menores a cargo, que se ven obligadas a residir en una habitación teniendo que prescindir de alimentarse adecuadamente y/o de ir al dentista, entrando en una dinámica similar a la del juego del calamar, debiendo anteponer el pago de su habitación a la salud de sus familiares".
Debido al conocimiento de estas situaciones, la plataforma contra la pobreza ha denunciado, indignada, "el cierre hoy jueves del plazo de solicitudes de acceso a una ayuda de emergencia. Pero también la coacción a la que se ha sometido a las familias solicitantes de ayudas municipales durante todo estos meses, al hacerles elegir entre pagar los gastos de acceso a la vivienda habitual (alquiler o hipoteca) o cubrir sus necesidades más básicas, como alimentación, atención sanitaria no cubierta por Osakidetza (dentista u oculista, entre otros) o los gastos de comunidad, luz y agua".
Las personas concentradas han exigido finalmente, a la alcaldesa Amaia del Campo y al concejal de Acción Social Mikel Antizar que "reviertan su actual política de recortes, sean consecuente con la situación que vive la localidad, garanticen los derechos y necesidades de todas las familias del municipio y cumplan las leyes que amparan a la población más vulnerable en materia de vivienda, salud y cobertura de sus necesidades más básicas".
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus casi 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 14.016 familias.
