Tras recordar la movilización organizada por COESPE, que se llevó a cabo en Madrid el sábado 16, en la que tomaron parte numerosas plataformas de pensionistas, entre ellas, una delegación del MPEH vasco, invitaron a sumarse a la manifestación comarcal del próximo lunes 25, a las 12H en Gallarta, así como a la que se celebrará frente al Parlamento Vasco el jueves 28. Para las dos, animaron a la gente a apuntarse en sendos autobuses organizados al efecto. Todas estas iniciativas culminarán en una gran movilización que, organizada por los y las pensionistas vascas y con el concurso de agentes sindicales y sociales, recorrerá las calles de Bilbo el sábado 13 de noviembre. Hicieron la llamada extensiva a otras plataformas del Estado, por lo que esperan también respuesta en numerosas capitales españolas.
Las razones esgrimidas para incrementar el nivel de protesta son el hecho de que el dinero que llega de Europa para paliar los efectos de la COVID se va a destinar, en su mayor parte, a proyectos empresariales, algunos de ellos preexistentes (incluso algunos de ellos relacionados con empresas energéticas), en vez de restaurar servicios sanitarios y asistenciales últimamente esquilmados y disminuidos por causa de privatizaciones y recortes presupuestarios.
Temen que la parte que habrá que devolver a Europa (100.000 Millones de €), que sólo son un préstamo, obligue a los Gobiernos a recortar aún más los servicios, y a hacer que la gente trabaje más y cobre menos. Aseguran que éste ha sido el objetivo de todas las reformas laborales y de pensiones que han llevado a cabo PP y PSOE, y temen que éste sea también el objetivo de los cambios que se avecinan.
Por eso, con estas movilizaciones los y las pensionistas pretenden recordar a gobiernos y parlamentos sus reivindicaciones clásicas: establecer el IPC como criterio definitivo de revalorización de las pensiones y recuperación del poder adquisitivo perdido. 1080€ pensión mínima para acabar con la brecha de género. No penalización por jubilación anticipada para las carreras de más de 40 años cotizados,… entre otras. También alertan sobre el nuevo factor reductor (el de solidaridad intergeneracional) que pretende sustituir al desprestigiado “factor de sostenibilidad”, pero que en el fondo, aseguran, es lo mismo: “recortar las pensiones de un modo u otro”. Aseguran finalmente que el Sistema Público de Pensiones es sostenible si se le libera de los llamados “gastos impropios” que no le corresponden.
Finalmente tomó la palabra una trabajadora de la residencia Iñigo de Loyola, de Barakaldo, recientemente clausurada por orden de Diputación tras denunciar los propios trabajadores el abandono de las personas residenciadas, por escasez de personal y medios y recortes y despidos sufridos a raíz del cambio de propietaria. “Esto es lo que pasa – subrayaron- cuando se quiere hacer de los cuidados un lucrativo negocio”. Reivindicaron finalmente un sistema Público de cuidados.
