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VALORACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES
El acuerdo alcanzado por el Ministerio de Seguridad Social con las asociaciones empresariales y dirigentes de CCOO y UGT ha resultado fácil, al dejar para más adelante los puntos difíciles. Sin embargo, sobre todo los sindicatos, lo están vendiendo como un gran triunfo.
Revalorizar las pensiones según el coste de vida (IPC) estaba en la Ley General de la Seguridad Social, se recupera tras sustituirla en 2013 el Gobierno de Rajoy por el mísero 0,25%. El Factor de Sostenibilidad, creado para recortar las futuras pensiones, viene de la reforma del gobierno socialista, firmada en 2011 por CCOO y UGT. El gobierno del PP quiso aplicarlo en 2019, con las protestas de pensionistas se aplazó al 2023. Aunque se haya derogado, podría volver en la siguiente fase de negociación, cuando se fije el factor de equidad intergeneracional. La financiación de gastos impropios de la Seguridad Social era una necesidad imperiosa. El falso déficit se ha utilizado para proclamar que el sistema público de pensiones es insostenible, justificando así recortes y favoreciendo la privatización. Los gastos impropios debían haber estado siempre a cargo de los presupuestos del Estado.
Reconocemos aspectos positivos en ese acuerdo, como la equiparación de la pensión de viudedad a parejas de hecho, las cotizaciones de personas jóvenes becarias, cotizaciones de autónomos de acuerdo a sus ingresos, financiación de las cuotas para personas cuidadoras en situaciones de dependencia, o la cláusula de salvaguarda para que al jubilarse quienes perdieron su empleo en la crisis de 2008 puedan elegir las condiciones más favorables.
Queda mucho y muy importante por decidir: los planes privados de empresa intensifican las desigualdades sociales. El ejemplo lo tenemos en las EPSV de Euskadi, interviniendo aquí los cuatro sindicatos mayoritarios: ELA, LAB, CCOO y UGT. Además favorecen la privatización del sistema público de pensiones. Otra amenaza es el aumento del cómputo de años de cotización para la jubilación, que de 25 años podría pasar a 35 o a toda la vida laboral.
Como meta de la reforma destaca reducir los costes de jubilación alargando la vida laboral, pese a que la tasa de paro juvenil ronda el 40%. Retrasar la edad de retiro perjudica a personas con recursos escasos, pues se reduce su esperanza de vida. Demorar la edad de jubilación con incentivos económicos es un chantaje. Lo mismo que penalizar la jubilación anticipada de personas que han cotizado más de 40 años. El objetivo de las reformas de las pensiones es su recorte, debilitando el estado del bienestar y el sistema público de pensiones.
Una reivindicación fundamental del movimiento de pensionistas, no incluida en ninguna de las fases de la negociación, es acabar con las pensiones de pobreza mediante la equiparación de la pensión mínima con el salario mínimo. Esa mejora contribuiría al reparto equitativo de la riqueza, reduciendo las desigualdades sociales y la brecha de género entre hombres y mujeres.
En consecuencia, vamos a mantener las movilizaciones en defensa de nuestros derechos, haciendo un llamamiento a trabajadores y trabajadoras, para que se opongan en sus empresas a la privatización de las pensiones, aplicando planes privados en los convenios colectivos.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, SEGUIREMOS DEFENDIENDO PENSIONES PÚBLICA DIGNAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
7 de julio de 2021
PLATAFORMA DE PENSIONISTAS DE BARAKALDO
