Del mismo modo, el equipo de gobierno ha decidido retirar desde el mes de octubre el cheque comida con el que han estado sustentándose 200 familias de la localidad.
En esta línea, incluso el interventor del Ayuntamiento ha criticado en su informes de legalidad el recorte aplicado desde el área de Acción Social a las ayudas económicas municipales al no existir ninguna incompatibilidad “cuando éstas se dirijan a cubrir los gastos relativos a las necesidades primarias, como lo es la alimentación”.
Berri-Otxoak ha señalado que “a todos estos recortes hay que sumar la suspensión fraudulenta del plazo de solicitudes para las ayudas de emergencia”. Desde el pasado 4 de noviembre no se puede solicitar ningún tipo de ayuda ante los servicios sociales del municipio.
Desde la plataforma contra la pobreza se señala que "la percepción de estas prestaciones, denominadas irónicamente de emergencia, puede tardar hasta siete meses desde su solicitud" y que "suspender el plazo para solicitarlas por un lapso de al menos cuatro meses, implica que las familias económicamente vulnerables de Barakaldo no tengan ningún ingreso para costear sus necesidades básicas durante casi un tercio del año".
Desde el colectivo barakaldés se han constatado más prácticas “fraudulentas” por parte del equipo de gobierno durante el plazo de solicitud de AES, entre las que se encuentran las "reiteradas cancelaciones injustificadas de las citas presenciales para la entrega de documentación, concertadas previamente por teléfono”.
Otra de estas “ilegalidades perpetradas” consiste en "coaccionar a las familias solicitantes para que elijan solicitar prestaciones en uno o unos pocos conceptos que cubren las AES (alquiler, gastos de mantenimiento de la vivienda habitual o gastos sanitarios) cuando tienen pleno derecho de solicitarlas en todos aquellos conceptos que así lo consideren, tal y como lo contempla el Decreto que regula el acceso a estas prestaciones".
La asociación barakaldesa contra la exclusión considera "impúdico y negligente que ante el agravamiento de la situación sociosanitaria causada por el covid-19, el gobierno local decida continuar practicando recortes e irregularidades con total impunidad y evadirse en su responsabilidad de ofrecer soluciones reales a las cada vez más familias en situación de precariedad que está dejando el contexto de la pandemia”.
Por todos estos motivos, Berri-Otxoak exige al Ayuntamiento un presupuesto “suficiente para que todas las familias que lo necesiten tengan unas ayudas de emergencia social dignas, para que ni una sola persona tenga que seguir durmiendo en la calle, para que ninguna mujer víctima del machismo se vea sin ayudas ni asistencia; para que todos los menores de Barakaldo tengan acceso a una alimentación sana y equilibrada y para que nadie se vea sin recursos y sin casa por los desahucios que cada año afectan a más de 200 familias en la localidad”.
Berri-Otxoak surgió hace 28 años, en 1992, y en sus tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 13.000 familias.
