Barakaldo, 17 may 2025. Medio centenar de pensionistas de Barakaldo han marchado por las calles de Vitoria-Gasteiz hasta el Parlamento Vasco para participar en la entrega de 145.142 firmas de la iniciativa legislativa popular que pide elevar la pensión mínima al 100% del salario mínimo interprofesional (SMI). "Las pensiones de miseria no pueden seguir esperando", advierten desde el Movimiento de Pensionistas, que señala que la mirada está ahora puesta en la cámara autonómica. El SMI es
1.184 euros en 14 pagas.
Comunicado del Movimiento de Pensionistas
El movimiento de pensionistas de Barakaldo junto al resto de pueblos de Euskal Herria acompañó la entrega de 145.142 firmas de la ILP (Iniciativa Legislativa popular) al Gobierno Vasco
- Según pensionistas de Barakaldo son 145.142 razones para que el Parlamento Vasco no ignore a las pensionistas.
En las calles de Vitoria/Gasteiz miles de personas exigieron que el Parlamento Vasco admita a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para elevar las pensiones mínimas al 100% del salario interprofesional.
Son 145.142 firmas autentificadas (respaldadas por fedatarios públicos) que reposan ya en la Junta Electoral de la CAV. Son el 13,5% del electorado vasco diciendo basta: las pensiones de miseria no pueden seguir esperando.
La plaza se llenó de pensionistas, colectivos feministas, sindicatos y jóvenes que gritaban: “Sin pensiones dignas, no hay democracia!”.
Remarcaron que “65.000 mujeres pensionistas en la CAV exigen lo imposible: Vivir con dignidad»
Los números no mienten. La CAV, una de las comunidades más ricas del Estado, solo necesita destinar el 1.4% de su presupuesto para salvar a 100.000 pensionistas (65.000 de ellas mujeres) de la pobreza. El dinero, lejos de «gastarse», volverá a la economía vasca: en consumo básico, empleo y recaudación fiscal. Preguntan: Qué impide al Gobierno Vasco actuar?
Dicen que esta entrega de firmas pone a prueba la voluntad política del Gobierno. El lendakari Pradales lleva meses esquivando una reunión con el MPHE, mientras los servicios jurídicos del Parlamento ya confirmaron en octubre que la CAV tiene competencia plena para complementar pensiones. Si el informe del Gobierno Vasco es negativo, será un ataque directo a la autonomía vasca y a la democracia.
Avisan que las calles no lo permitirán.
Según ellas esto no es el final, sino el principio. Cada firma, cada cartel, cada grito en la plaza es un recordatorio: esta ILP no es un favor, es un derecho constitucional. El Parlamento tiene la palabra. Y Euskal Herria, la mirada puesta en ellos.
