De este modo, el coste salarial que la alcaldesa supone para los contribuyentes llega a casi 97.000 euros y se encarece este año en 5.679,04 euros, lo que equivale a un 6,23% más respecto a 2022. El salario base asciende un 5,02% y pasa a ser 79.599,94 y la cotización a la Seguridad Social se eleva un 12,21% y alcanza el total de 17.208,77. Amaia del Campo, de 57 años y con tres décadas cobrando del erario público, tiene así prácticamente garantizada la máxima pensión pública.
La revalorización salarial no sólo beneficia a la alcaldesa. Un concejal que esté a jornada completa, al 100%, en el Ayuntamiento también ve subir el dinero que recibe a fin de mes y, en concreto, su salario base aumenta en 3.379,24 euros al año, aparte del crecimiento de 1.872,63 anuales de sus cotizaciones a la Seguridad Social. En total, sólo en alcaldesa y concejales el desembolso llega a 1,6 millones de euros.
Aparte hay cuatro concejales que no tienen salario sino que perciben dietas en función de su asistencia a las reuniones del Ayuntamiento. En ese caso, les corresponden 850 euros por sesión, lo que ronda un total anual de unos 10.200 euros cada uno.
En el gasto para los partidos políticos están además unas cantidades que se dan a cada grupo, que suman más de 280.000 euros al año en conjunto, y la contratación de asesores de confianza política con cargo también al presupuesto público. Este último caso supone 817.000 euros anuales entre salarios y Seguridad Social de 13 personas: el secretario de la alcaldesa; 4 asesores de departamento municipal; 3 asesores para PNV, PSE y Elkarrekin Barakaldo; y 5 administrativos para PNV, PSE, Elkarrekin Barakaldo, EH Bildu y PP.
La suma de salarios políticos, seguridad social, dietas, dinero para los partidos y asesores ronda los 2,7 millones de euros al año.