Este día, que coincide anualmente con el primer lunes de octubre, fue designado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1985 con el “propósito de reflexionar acerca de la situación de los pueblos y ciudades en el mundo y reconocer el derecho que tienen las personas a una vivienda adecuada y digna”.
Las dificultades expresadas por decenas de familias barakaldesas en los servicios sociales para hacer frente al pago de hipotecas, de alquileres de pisos, e incluso de habitaciones en las que viven varias personas, se traducen en un incremento de desahucios y de situaciones de sinhogarismo que lejos de atajarse, se intentan invisibilizar.
Según la plataforma barakaldesa contra la exclusión social Berri-Otxoak, prueba de ello es "la coacción a la que se ha sometido a las familias solicitantes de ayudas municipales durante la apertura del plazo de solicitud de las mismas, al hacerles elegir entre pagar los gastos de acceso a la vivienda habitual (alquiler o hipoteca) o cubrir sus necesidades más básicas, como alimentación, atención sanitaria no cubierta por Osakidetza (dentista u oculista, entre otros) o los gastos de comunidad, luz y agua".
"Las familias solicitantes tienen pleno derecho a solicitar ayudas municipales en todos aquellos conceptos que así lo consideren. Forzar una elección a priori es incurrir en la ilegalidad, tal y como ya le ha señalado el Defensor del Pueblo-Ararteko al equipo de gobierno", ha declarado.
El colectivo ha informado de que el equipo de gobierno contraviene por segunda vez la ley con su intención cerrar el plazo de solicitud de ayudas de emergencia el próximo 21 de octubre; dos semanas antes que el año anterior y fecha tras la cual no se podrá solicitar ninguna ayuda en el municipio durante al menos cuatro meses.
"Según la Ley del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, el plazo de solicitud de ayudas de emergencia debe estar abierto durante los doce meses del año. El anuncio de su cierre mediante decreto de alcaldía está generando alarmismo entre la población más vulnerable, que exige la contratación de más personal para una tramitación más ágil de estas solicitudes sin tener que recurrir a la ilegalidad de cerrar dicho plazo", ha apostillado la asociación.
La plataforma se pregunta "cómo el concejal de Acción Social Mikel Antizar pretende garantizar la atención de todas las solicitudes de ayuda durante el plazo de cierre con los servicios sociales saturados y con órdenes expresas de no atender ninguna solicitud".
A través de las familias que recurren a su Punto de Información, Berri-Otxoak ha constatado que la concesión de una ayuda denominada de emergencia, tarda de media siete meses en ser concedida. "Un tiempo que provoca que una entidad bancaria o una persona arrendadora se decida a interponer una orden de desahucio por impago", ha atestiguado.
El colectivo concluye que "las denegaciones injustificadas y la coacción en las ayudas de emergencia, así como el recorte de sus cuantías vía normativa municipal al no presupuestarse un monto suficiente que cubra todas las necesidades fundamentales de las familias del municipio y un parque de viviendas que no crece en la medida en que lo hacen los desahucios y el sinhogarismo, nos parecen motivos más que suficientes para que el gobierno local reflexione sobre la efectividad las decisiones que está tomando en materia de derechos sociales y de vivienda en este Día Mundial del Hábitat."
Berri-Otxoak surgió hace 29 años, en 1992, y en sus casi tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado 14.016 familias.
