Así lo ha denunciado la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, que se ha concentrado frente al palacio de justicia para poner de manifiesto la vigencia de estos lanzamientos a la par que ha recordado y homenajeado a Egaña.
Cuando se suicidó, Egaña tenía 53 años, estaba casada y tenía un hijo de 21 años. El hecho fue recogido incluso por la prensa internacional y en Barakaldo provocó una ola de indignación que sacó a miles de personas a la calle, lo que forzó a que las autoridades políticas y judiciales se comprometieran a adoptar medidas para evitar estas tragedias.
Ocho años después los desahucios continúan. En promedio, cuatro familias barakaldesas son expulsadas cada semana de sus viviendas. El 83% de ellas, de una vivienda en alquiler.
La mayoría de los desalojos de vivienda en propiedad son impulsados por Kutxabank y La Caixa, entidad financiera que desalojó a Egaña. También hay órdenes judiciales solicitadas por Banco Popular, Santander, BBVA y Caja Laboral cuando las personas propietarias se ven incapaces de hacer frente al pago de su hipoteca.
“Estas situaciones son fruto de las políticas de recortes y no de la casualidad”, ha advertido Berri-Otxoak. "Desde el inicio de la crisis de 2008 hasta hoy, crisis que se solapa con la causada por la pandemia del covid-19, el número de personas desempleadas en Barakaldo va camino de triplicarse, pues ya son 7.628 frente a las 3.269 de 2008. El porcentaje de las mismas que no recibe ningún tipo de prestación o subsidio ha pasado de ser el 69% en 2008 a ser el 85% en la actualidad”.
La plataforma ha alertado además de la situación de la vivienda. “No poner freno a la especulación conlleva que el precio de los alquileres se incremente mes a mes. Así, la renta media de un piso en Barakaldo era de 630 euros en 2012. Actualmente, la cifra asciende hasta los 790”.
Ante estos datos, el colectivo ha exigido a las autoridades mayores recursos para vivienda social y ayudas de emergencia social, así como el cumplimiento del protocolo sobre desahucios y el acatamiento de las resoluciones internacionales que exigen que se garantice un alojamiento a las familias expulsadas de sus casas.
En concreto, han instado a “incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas de emergencia social y a mantener el plazo de solicitudes abierto durante todo el año, tal como lo regula la ley, pues el 5 de noviembre el Ayuntamiento planea cerrar dicho plazo hasta febrero del año que viene".
Del mismo modo, el colectivo insta a "que se eliminen los recortes aplicados al acceso y cuantías de estas prestaciones, que en un 66% se destinan para el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual”.
Berri-Otxoak surgió hace 28 años, en 1992, y en sus casi tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado ya más de 13.000 familias.
