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Berri-Otxoak reparte mascarillas gratuitas en denuncia por el coste que supone su obligatoriedad a las familias con dificultades económicas.

Comunicado de Berri-Otxoak La plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak ha reanudado la campaña de reparto gratuito de mascarillas en el barrio barakaldés de Rontegi, ataviados con buzos anticontaminación, mascarillas, cinta de señalización, balizas, conos y paneles de ‘peligro’ como las que emplearon para prevenir la pandemia del coronavirus.

El objetivo de esta campaña de reparto gratuito de mascarillas es visibilizar que las familias con escasos recursos económicos asumen con mucha dificultad o directamente no pueden asumir el coste medio por familia en mascarillas, estimado por la OCU en 110€ mensuales.

Concretamente en el barrio barakaldés de Rontegi, con una población de 5.735 habitantes, residen 161 familias perceptoras de la RGI, 48 familias pensionistas perceptoras del complemento de pensiones. Además, el 6,32% de sus residentes (362 personas) son personas en situación de desempleo. Todas ellas tienen serias dificultades para cumplir con la obligación de llevar una mascarilla que les proteja y pueda proteger al resto de la ciudadanía.

Sin embargo el equipo de gobierno rechazó en el pleno municipal de junio rechazó promover el acceso gratuito de mascarillas de protección frente al Covid-19 a familias en situación de vulnerabilidad económica.

La plataforma contra la exclusión social considera esta negativa por parte del gobierno local: injusta, porque se viola el derecho universal a la salud; imprudente, ya que no proteger a toda la ciudadanía crea focos de contagio que ponen en riesgo a toda la población e injustificable, pues mientras los políticos sigan percibiendo sueldos millonarios iniciativas como esta no podrán achacarse a una falta de presupuesto o de recursos económicos.

Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, en 1992, y en sus tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que ya han pasado 13.000 familias.