El inmueble fue reconstruido tras un acuerdo entre el PNV y la constructora que implicó la demolición del inmueble histórico conservando la fachada de 1932 para crear 27 viviendas, 10 parcelas de garaje de coche y seis de moto, 36 trasteros y dos locales comerciales: uno utilizado como restaurante y el segundo como locales del Partido Nacionalista Vasco, el llamado 'batzoki zaharra' que se reinauguró en septiembre de 2013. Los pisos tienen entre 51 y 105 metros cuadrados de superficie, con precios hasta 370.000 euros, según estima el portal inmobiliario Idealista.
La reciente resolución judicial, a la que ha tenido acceso 'BarakaldoDigital', confirma la sentencia del 31 de enero de 2023 del juzgado de primera instancia número 2 de Bilbao en relación a defectos de construcción no solucionados y que se concretan en "agrietamientos interiores y exteriores, humedades, condensación y filtraciones de agua en viviendas y garajes".
La sentencia revela que los desperfectos afectan a la mitad de los vecinos y que la comunidad ha tenido que lucha al menos cinco años en los tribunales para lograr la compensación. Aun así, contra el acuerdo de la Audiencia Provincial se puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La constructora condenada ha intentado que se anulara la sentencia previa alegando que la comunidad de propietarios no estaba autorizada por la mayoría de los perjudicados para representarlos en la demanda. Además, ha intentado acusar a los vecinos de "evidente falta de mantenimiento". El tribunal ha rechazado estos argumentos.
"No hay prueba alguna, como bien se razona en la sentencia de instancia que se asume, de una falta de mantenimiento del inmueble, pues no se entiende que empiecen las reclamaciones al poco tiempo de entregadas las viviendas, que se agraven con el paso del tiempo, sin que se puede reprochar inacción a la comunidad ante las reclamaciones desatendidas por la demandada, aunque la misma haya realizado algunas puntuales", advierten los jueces.
Los problemas en el inmueble se detectaron de manera temprana tras la entrega de los pisos en 2013 y, pese a las alegaciones de la empresa, los magistrados señalan, a la vista de las pruebas periciales y testimonios, que la "promotora-vendedora no ha cumplido con sus obligaciones de entregar los elementos privativos y, con ellos, los elementos comunes del inmueble en el adecuado estado para servir al destino de los mismos".
De hecho, los informes técnicos advierten el hecho de "no tener sentido que ante un edificio tan nuevo se empiece a fisurar y luego a agrietar la fachada, no siendo ello un problema de asentamiento, sino de degradación del mortero, se advierta la presencia de puentes térmicos, de humedades por filtración de agua desde la fachada, de falta de sellado en las carpinterías y humedades por condensación en un número importante de viviendas, no siendo razonable que sea porque todos sus propietarios a diferencia del resto, no hacen un uso adecuado de su vivienda o no la ventilan".
El fallo judicial habla además de entradas de agua a los garajes por la "deficiente ejecución de las medias cañas o de la impermeabilización del tabique tambor".
La solución al caso presenta además una dificultad derivada del hecho de que es un edificio histórico protegido. La sentencia explica que la solución los problemas es la instalación del sistema de aislamiento térmico exterior (SATE), lo que implica colocar en la fachada materiales de aislamiento. Sin embargo, se indica que "existe discrepancia entre los peritos acerca de si podría ser autorizado o no por el Ayuntamiento de Barakaldo, dado que estamos ante un edificio cuya fachada principal está protegida".
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