La responsable de ELA en el sector sociosanitario, Irune Cerezo, ha explicado que estas supuestas represalias comenzaron cuando en agosto de 2018 se promovieron unas elecciones sindicales para esta empresa, en donde hasta la fecha nunca había habido un representante de trabajadores. En ese momento fueron despedidas dos afiliadas al sindicato.
A partir de las elecciones sindicales, se ha producido, según Cerezo, una situación de persecución sindical, de "acoso" y trato discriminatorio, que han supuesto otras dos rescisiones de contrato, esta vez con el argumento de los motivos económicos. Los despidos han sido denunciados ante la justicia porque, entre otros aspecto, se da la paradoja de que la plantilla que ha quedado está cobrando horas extraordinarias.
La residencia de ancianos ha sido además denunciada ante la inspección de Trabajo del Gobierno Vasco porque mantenía con un contrato de personal de limpieza a una persona que en realidad realizaba labores de gerocultora. ELA ha advertido de que las protestas se intensificarán si la empresa no rectifica.
