Este caso se suma a los 1.355 desahucios que se han registrado en la localidad en los últimos seis años, según informa Berri-Otxoak. Es un desalojo por impago de alquiler, que es la misma circunstancia del 82% de este tipo de situaciones en el último año. La plataforma ha recordado además que el último recuento ha detectado al menos una treintena de personas que duerme en la calle.
En esta ocasión, las dos personas afectadas por la orden de desalojo se dirigieron "hace unos meses" a los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo pero no han obtenido "ninguna solución". Además, han pedido una reunión con la alcaldesa y hasta la fecha tampoco se ha concretado la cita.
Los activistas de Berri-Otxoak, concentrados ante el Ayuntamiento, ha denunciado que el equipo de Gobierno municipal (PNV) "no acata el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU o la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo" que exigen "dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante la evidente constatación de una situación de exclusión y precariedad económica".
Así mismo, han exigido la aplicación del protocolo sobre desahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial "que establece que los servicios sociales de base deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio".
Nota de prensa de Berri-Otxoak
Iniciativa ante el Ayuntamiento de Barakaldo en denuncia de la situación de una familia del municipio con una orden inminente de desahucio. En concreto, A. E. de 59 años y su hijo D. E. de 32 años tienen una orden desalojo para este próximo martes 11 de diciembre.
Son 2 personas en paro que no han podido hacer frente al alquiler de la vivienda donde residen.
Desde hace unos meses se han dirigido a los servicios sociales municipales no obteniendo, sin embargo, ninguna solución a su problemática. Han solicitado una reunión con la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, y no han recibido respuesta a día de hoy.
Mediante esta comparecencia pública se demandará el cumplimiento del derecho de todas las personas a una vivienda digna y el acatamiento del dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que exige, frente al desahucio de familias sin recursos económicos suficientes, una alternativa habitacional.
Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo pide paralizar todo desahucio “hasta procurar desde las diferentes administraciones una alternativa habitacional a los afectados”. Remarcando que “se ha de dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante la evidente constatación de una situación de exclusión y precariedad económica. No se debe desahuciar de la vivienda habitual a las personas que residen en ella para evitar un procedimiento lesivo para las personas que se encuentran en situación de necesidad”.
Se exigirá, por otro lado, la aplicación del protocolo sobre desahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial. El cual establece que se deben solicitar informes a los servicios sociales de base cuando hay familias vulnerables afectadas por un desalojo.
Cabe destacar que en febrero de este año el Parlamento Vasco aprobó una resolución para renovar este acuerdo en la medida que no se había creado ni su comisión de seguimiento. Mientras se desahucia a 4 familias de Barakaldo cada semana; especialmente por impagos de alquiler, que son ya el 82% del total.
Acuerdo donde el Gobierno Vasco se comprometía a facilitar “a través del Departamento de Empleo y Políticas Sociales sus recursos en servicios sociales y programas de asistencia social, así como del procedimiento para la adjudicación directa de viviendas de protección oficial”. Donde la totalidad de consistorios de la Comunidad Autónoma, a través de EUDEL, se comprometían a “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” ante una situación de desahucio.
Acuerdos y protocolos de actuación que nunca han funcionado, como evidencia la situación de esta familia. Hay que tener en cuenta que en 6 años se han producido 1.355 desahucios en la localidad.
El no poner freno a la especulación y el no garantizar el derecho a una vivienda digna conlleva duplicar en 2 años el número de personas sin hogar en Barakaldo. En la actualidad, 30 personas viven en las calles del municipio, según datos del propio Gobierno Vasco. Si estos días no se pone remedio a esta situación una familia más incrementará el número de personas sin techo en la localidad.
