Los grupos políticos en el Ayuntamiento de Barakaldo han censurado el incremento de hasta el 50% en las tarifas de la residencia de la Fundación Miranda, a la que han acusado de una actitud "economicista" que supone un "alejamiento" del fin social de esta organización: atender a ancianos de limitados recursos económicos naturales de la localidad. Mientras el PP se abstenía, PNV, PSE, EH Bildu e Irabazi han mostrado sus críticas y han avalado con sus votos una petición de las familias afectadas para que se inste al patronato de la fundación a "la elaboración y remisión al Ayuntamiento de un plan estratégico a cinco años que incluya un proyecto de viabilidad". Además se pide que se dé marcha atrás en el "tarifazo", que supuestamente ha provocado ya la marcha de 13 ancianos. Los distintos partidos han coincidido en que la Fundación Miranda está viendo perjudicada su imagen con la actual gestión, que ha supuesto también el desalojo del colegio La Milagrosa porque este centro no puede asumir la subida del alquiler, que ha situado la renta en 250.000 euros al año. Así mismo, se ha hecho referencia a un deterioro de la calidad de la asistencia a los ancianos. El equipo de Gobierno (PNV) ha llegado a señalar que la gestión actual "dista mucho" de los propósitos fundacionales y que la subida de tarifas ha sido "equivocada, desproporcionada e injusta".
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> 22/05/2017. Recogen firmas para revertir la subida "abusiva y arbitraria" de tarifas en la Fundación Miranda
> 07/04/2017. Familias de ancianos protestan durante la Pasión por el tarifazo de la residencia Miranda
> 15/01/2017. Familias de la residencia Miranda reúnen firmas en protesta por la subida del 35% en las tarifas
Nota de prensa del PSE
Crecen las protestas contra la alcaldesa de Barakaldo, que desaloja el Pleno por cuarta vez consecutiva
- Al PSE-EE le preocupa especialmente que estas movilizaciones tengan su origen en conflictos que afectan a colectivos vulnerables como niños/as y personas mayores
- A los trabajadores/as de Usoa, OTA y grúa se sumaron otra vez los padres y madres del Colegio La Milagrosa y, como novedad, familiares de usuarios/as de la residencia Miranda
Por cuarta vez consecutiva, la alcaldesa de Barakaldo desalojó ayer el pleno municipal y continuó la sesión a puerta cerrada. Y es que las protestas contra su gestión van en aumento con el paso de los meses, como consecuencia de un creciente descontento social y vecinal. Al PSE-EE le preocupa además que estas movilizaciones tengan su origen en conflictos que afectan a colectivos especialmente vulnerables como niños y niñas, personas mayores y trabajadores y trabajadoras.
A las reivindicaciones laborales de las plantillas del Taller Usoa, la OTA y la grúa se sumaron otra vez los padres y madres del colegio La Milagrosa, amenazado de cierre. Como novedad, también acudió al pleno un grupo de familiares de los mayores ingresados en la residencia de la Fundación Miranda, que denunciaron una desorbitada subida de precios y se quejaron por el deterioro en la atención recibida.
El PSE-EE ha recordado hoy que tanto los usuarios y usuarias de la residencia como los 350 estudiantes y 40 trabajadores y trabajadoras del colegio La Milagrosa (que no puede hacer frente al alquiler) son víctimas de las decisiones economicistas de la Fundación Miranda. El concejal socialista Carlos Fernández ha instado así a la alcaldesa “a que haga valer su influencia en el patronato de la Fundación como vicepresidenta para corregir esta deriva mercantilista que parece haber adoptado”.
VORACIDAD ECONÓMICA
La Fundación Miranda nació como la obra benéfica y social de un mecenas barakaldés que quiso dar asilo y trato digno a los mayores más desfavorecidos de la ciudad y a lo largo de estos más de 100 años de andadura ha ofrecido un importante servicio a la ciudadanía.
Los socialistas están sorprendidos por los últimos acontecimientos, que empañan notablemente el buen nombre de la institución creada por D. Antonio Miranda. Primero se comprobó cómo la voracidad económica de la fundación se transformó en un súbito y brusco incremento del precio del alquiler que cobraba a la orden religiosa Hijas de la Caridad por el uso del edificio en el que se aloja el colegio La Milagrosa.
“Aún confiamos en que este problema se solvente y se atienda a la propuesta que este grupo municipal socialista ha puesto sobre la mesa en múltiples ocasiones: que la alcaldesa ceda directamente el edificio de Minas al colegio”, ha indicado al respecto Carlos Fernández, quien cree que fue un error haber derivado el asunto al Gobierno Vasco: “Lo dijimos en su momento y el tiempo nos está dando la razón”.
Al problema de La Milagrosa se une ahora el desorbitado incremento de precios que desde finales del año pasado se impuso en la residencia Miranda. Un incremento de precios que está obligando a muchos residentes a hacer enormes esfuerzos para hacer frente a esa subida que oscila entre el 35% y el 50% y que en el caso de 13 residentes ha supuesto su salida de la residencia (con el grave trastorno para su salud que ello conlleva) por no poder pagar las mensualidades resultantes de dicho incremento.
“Estamos ante un gesto de carácter meramente recaudatorio, de gran crueldad con los residentes menos pudientes y que es impropio de una fundación sin ánimo de lucro”, ha lamentado Fernández.
Este súbito y drástico incremento de precios viene acompañado, además, de un incremento del número de quejas de los residentes y sus familiares por el progresivo deterioro en la calidad de vida de los mayores. Peores y más escasas comidas, mayor suciedad, peores recursos materiales… Todo esto animó a la Asociación Babestu Miranda a presentar una moción para su debate en el Pleno Municipal, que fue apoyada ayer por todos los grupos políticos salvo el PP.
Nota de prensa del equipo de Gobierno municipal (PNV)
PROYECTO EXTERNO DE VIABILIDAD PARA LA FUNDACIÓN MIRANDA
El pleno también apoyó de manera mayoritaria la moción planteada por la Asociación Babestu Miranda en la que se solicita la elaboración de un plan estratégico a cinco años que incluya un proyecto de viabilidad económica para la Fundación Miranda, llevado a cabo por una empresa externa y objetiva; revocar la subida de tarifas efectuada en 2017 y readmitir a los vecinos en las mismas condiciones autónomas, entre otras cuestiones. “La alcaldesa, junto con otros cuatro patronos ya solicitó en un consejo extraordinario de la Fundación dar marcha atrás a esta medida por considerarla equivocada, desproporcionada e injusta”, ha recodado Zubiaurre. “La propuesta fue rechazada por el resto de patronos”.
En ese consejo extraordinario la alcaldesa también planteó la necesidad de realizar un Plan de Viabilidad a través de una empresa externa, para contar con un diagnóstico real y objetivo, “y con un proyecto de futuro que no aleje a la Fundación de su objeto social”, ha subrayado el edil. “Por lo tanto el equipo de gobierno mostró ayer su apoyo a medida solicitada por las familias, ya que creemos que las medidas que está tomando el Patronato perjudica al nombre de la institución y aún más a las personas que han convertido a la residencia en su hogar y que ven mermadas sus posibilidades de continuar en ella”.
