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El Ayuntamiento niega ayudas sociales a una pensionista de 68 años hipotecada

El Ayuntamiento de Barakaldo ha denegado ayudas sociales a una mujer, pensionista de 68 años, con 635 euros de ingresos y 323 de hipoteca, con el argumento de que "no existe una situación de necesidad". Así lo ha denunciado la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak, que se ha concentrado ante el consistorio para denunciar que esta situación es un ejemplo de los efectos de los "recortes" aplicados por el equipo de Gobierno local (PNV) y por el Ejecutivo autonómico (PNV y PSE). La situación ha motivado la presentación de un recurso ante el propio Ayuntamiento así como una queja dirigida a la institución del Defensor del Pueblo vasco —Ararketo—.


Nota de prensa de Berri-Otxoak
► M.N.U. mujer de 68 años y con unos ingresos mensuales de 635 euros. Ha visto denegado su acceso a una ayuda de emergencia a través de un decreto de Alcaldía bajo la redacción genérica de “no existe una SITUACION DE NECESIDAD”.

• Cabe destacar que esta mujer pensionista debe hacer frente al pago de los gastos relativos a su hipoteca de 323 euros mensuales.

MOTIVO:
► Este decreto de Alcaldía se hace eco del acuerdo presupuestario entre PNV, PSE y PP del Parlamento Vasco donde se habilitaba a los ayuntamientos a denegar las prestaciones bajo el pretexto de que “cumplir los requisitos de acceso a las ayudas sociales no siempre implica que sea el modo adecuado de atender ciertas situaciones de emergencia”.

• Sin embargo, la nueva redacción de la normativa de acceso a las ayudas de emergencia. Ante una situación de cumplimiento de requisitos -y denegación de acceso- debía incluir un informe-valoración sobre la situación social de la persona solicitante.

• Pero, ante su solicitud de acceso a este estudio individualizado de denegación. Esta mujer pensionista se encuentra con que no existe este informe; y desde el Departamento de Acción Social se niegan a dar más explicaciones, salvo el decreto de Alcaldía ya referido; y donde no se expone ningún racionamiento jurídico para esta denegación.


► Se debe señalar que los recortes y malas prácticas aplicadas desde el Departamento de Acción Social conllevan un incumplimiento de la legislación que ordena, organiza y regula los servicios sociales municipales.

• Ante esta evidente vulneración de derechos por parte del equipo de gobierno. Esta mujer pensionista de 68 años ha decidido registrar un RECURSO DE REPOSICION ante las unidades de trabajo social de base. A la par que solicita amparo ante el Defensor del Pueblo-Ararteko; el cual no sería la primera vez que critica los recortes sociales aplicados desde el gobierno municipal.