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> 04/03/2016. Se disparan las consultas por problemas laborales que llegan al Centro Asesor de la Mujer Argitan
> 21/03/2016. El paro en febrero retrocede a niveles de 2011 pero a costa del trabajo femenino
Comunicado
El Parlamento Vasco solicita la comparecencia de la Asociación de mujeres Argitan para informar sobre el tema objeto de análisis de la ponencia de estudio de la situación socioeconómica de la Margen Izquierda, Zona Minera y Oarsoaldea.
El Parlamento acuerda la creación de dicha ponencia ya que, como demuestran los principales indicadores socioeconómicos, considera especialmente grave la situación socioeconómica de las mencionadas comarcas. El objetivo será aprobar directrices y planes interinstitucionales para la regeneración y reactivación de dichas zonas.
La Asociación de Mujeres ARGITAN Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo, que lleva 20 años atendiendo y asesorando a mujeres de toda la comarca de Margen Izquierda y Zona Minera de Bizkaia (Alrededor de 6.500 han sido las consultas que en este tiempo se han llevado a cabo), elabora un informe sobre la SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS MUJERES EN MARGEN IZQUIERDA Y ZONA MINERA para presentarlo en la comparecencia parlamentaria que tendrá lugar mañana martes 10 de mayo:
El contacto con las mujeres que se han acercado al centro, en busca de información para conocer y ejercer sus derechos, nos ha propiciado un mayor conocimiento de la realidad social y de las diferentes situaciones por las que atravesamos las mujeres; reconociendo, además de la violencia sexista, otras variables en la opresión y desigualdad, constatando nuevas situaciones de riesgo como la feminización de la pobreza, oculta bajo la losa de lo doméstico y, actualmente, escondida tras la falsa apariencia de la precariedad laboral.
Según los datos recogidos en nuestro BALANCE ARGITAN 2015…
Los motivos de consulta los podemos disgregar…
Por una parte, la necesidad de información sobre atención jurídica: separaciones, divorcios, custodias y diversas reclamaciones derivadas de estos procesos han supuesto el 42% de las consultas. Un 6,3% de las mujeres han denunciado malos tratos y agresiones sexistas y, como consecuencia en buena medida de estas circunstancias, se contempla la necesidad de una atención psicológica en condiciones, demandada por un 28%.
Desde esta área de actuación y siendo Argitan parte del Observatorio de Violencia de Género de la Diputación Foral de Bizkaia, vemos necesidades importantes no cubiertas actualmente, tanto en recursos de acogida de urgencia como en puntos de encuentro para padres, madres y menores en situaciones de conflicto, Asesorías jurídicas, atención psicológica y juzgados específicos de violencia de género de urgencia.
Por otra parte, se encuentran los problemas laborales y, como consecuencia de la falta de empleo e ingresos suficientes, la información sobre prestaciones sociales.
La situación económica que viven las mujeres que se han acercado a Argitan durante el año 2015 pasa por un 54,5%, que se encuentra en paro o cobrando pensiones y prestaciones sociales muy bajas y un 45,5%, con empleo, en muchas ocasiones en precario: trabajadoras de hogar, limpieza, cuidados, etc.
Es cierto que la tasa de actividad femenina se ha incrementado en los últimos 20 años (siendo siete de cada 10 mujeres, las consideradas activas por ser demandantes de empleo).
Por otro lado, las mujeres que, a pesar de demandar empleo, no lo encuentran y se hallan en el paro…
El índice de paro, según las cifras de Lanbide en la actualidad —abril 2016—, en todo el territorio de Bizkaia es de poco más del 15% entre los hombres y de casi el 18%, entre las mujeres.
Concretamente, en la Margen Izquierda 20.625 mujeres en paro, con un índice de un 21,5% frente al 19,4% de los hombres y en la Zona Minera, 3.423 mujeres en paro, con un índice de 17,5% frente al 16% de los hombres
Nos parece importante señalar datos más concretos por pueblos, ya que las cifras más sangrantes, las de Sestao 1.538 mujeres en paro (24,9% frente al 22,9% de los hombres).
No podemos hacer un análisis completo de la situación socioeconómica de las mujeres en estas comarcas sin detenernos a analizar la situación de las perceptoras de la renta de garantía de ingresos- —RGI—.
Según los datos de Lanbide del mes de abril de este mismo año 2016, correspondientes a la zona de Margen izquierda, un 58% de los expedientes activos de RGI corresponden a mujeres. Del total de éstas, casi una tercera parte conformaban familias monomarentales, mujeres que tienen menores a cargo en solitario y, entre estas últimas, el 88% estaba en una franja de edad donde se presupone la mayor actividad laboral, de 25 a 50 años.
El problema fundamental es que la percepción de la rgi, a la que se sigue viendo no como un derecho sino como una concesión, conlleva un control y violación persistente de la vida e intimidad de las mujeres perceptoras.
La imposición de plazos imposibles, condiciones leoninas, trámites que perjudican más que favorecen a las mujeres son una constante:
- la presunción, en todo caso, por parte de Lanbide de que dos personas de distinto sexo que conviven son ineludiblemente pareja; no considerar a las mujeres una "unidad de convivencia independiente" cuando, por ejemplo, regresan a convivir con sus padres; limitar a tres años el tiempo máximo en que se pueden percibir los "complementos al empleo". Todo esto incide en la idea de que las mujeres siempre han de depender económicamente de alguien más.
- limitar a dos las rgi por vivienda supone que el acceso a la vivienda, con este criterio, se vuelve complejo y, generalmente, fuera del alcance de las personas con el poder adquisitivo que ofrece la rgi. Además, en el caso concreto de las mujeres y sobre todo con hij@s a su cargo, poder compartir vivienda entre varias permite distribuir gastos y colaborar conjuntamente en el cuidado y atención de l@s menores y, medidas de este tipo, bloquean de raíz este tipo de soluciones solidarias.
- en este mismo sentido, no se admite que dos personas que se separen vivan juntas (algo, por otra parte, cada vez más habitual; toda vez que, en la situación económica actual, no siempre es posible mantener dos viviendas tras una separación) y obliga, una vez más, a judicializar las separaciones.
Particularmente grave es la gestión de Lanbide de la rgi en supuestos de mujeres víctimas de violencia de género. Partiendo del criterio de que sólo se considera como tal aquella mujer que cuenta con una orden de alejamiento en vigor, excluyendo a todas aquellas que, aun siendo víctimas, no cumplen con este requisito.
Pues bien, relacionando estos datos con nuestra experiencia en el centro, observamos una vinculación directa, para las mujeres, entre la atención a necesidades de cuidados y la precariedad laboral.
Y esto que contamos aquí trae consecuencias directas y muy graves para las mujeres. Su presencia abrumadora en los contratos a tiempo parcial (77,8% en la CAV), eventuales (un 28% ocupados por mujeres en la CAV frente a un 22% por los hombres) o en determinados nichos laborales da idea de esto mismo.
En este sentido, no es casualidad que el 64% de las personas perceptoras de rentas de complementos al empleo en la Margen izquierda, sean mujeres.
Esta cuestión se refleja también en el dato de Lanbide sobre perceptoras de rgi en personas mayores de 65 años, donde las cifras se disparan y las mujeres representamos el 83%, cubriendo pensiones de jubilación inexistentes o en niveles mínimos.
Y este conjunto de hechos, para nosotras, constituye VIOLENCIA ECONÓMICA y propicia o ampara, en muchos casos, otras manifestaciones de violencia machista.
Para mayor abundamiento, cuando el trabajo de cuidados lo realizamos las mujeres dentro del mercado laboral: el caso de las trabajadoras de hogar, nos encontramos con más de lo mismo. precariedad absoluta, por no hablar de casos de esclavitud pura y dura (no nos vamos a extender en este punto porque recientemente han comparecido aquí mismo representantes de la ATH de Bizkaia y han explicado minuciosamente las condiciones del sector).
Todo este análisis nos lleva a plantear no sólo la distribución equitativa del empleo (entendido como trabajo remunerado) sino también la urgencia de la visibilización, reorganización y redistribución equitativa de los trabajos de cuidados. Asumir los mismos como una responsabilidad colectiva de hombres, mujeres y Administración.
Bajo nuestro punto de vista, a estas condiciones y salarios directos tan bajos, debieran corresponder unos servicios públicos en condiciones dignas como guarderías, comedores, residencias, etc. que, además de generar empleo, permitieran conciliar a las personas (y ahora mismo, sobre todo, a las mujeres) su vida personal, laboral y familiar. Además, también mejorarían la vida de muchas mujeres, llamadas inactivas porque no buscan empleo, pero que tienen trabajo a tiempo completo en sus casas, con menores y personas ancianas dependientes a su exclusivo cargo.
Por lo tanto, nos parece muy importante ampliar la cobertura pública de la atención a la dependencia, generando empleo de calidad en ese ámbito.
Desde la Administración pública, vemos la necesidad de intervenir en las contrataciones precarias tanto en contratos de trabajadoras de hogar a través Lanbide y la inspección de trabajo, como en el mercado laboral en su totalidad, controlando las condiciones laborales en los contratos eventuales y a tiempo parcial.
Además, es necesario conformar unas prestaciones sociales en condiciones dignas, con una renta básica que se contemple como un DERECHO individual e incondicional, y que incluso las ayudas de emergencia social municipales fueran un derecho al que las personas que cumplieran los requisitos pudieran tener la posibilidad de acceder y que no fueran denegadas, como ahora mismo, por falta de presupuesto municipal. En suma, elevar a la categoría de derechos universales lo que hasta ahora se consideran derechos contributivos.
