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Nota de prensa
No es cuestión de ideologías, sino de sentido común
El PP de Barakaldo apoya a la Plataforma Ayudas + Justas y reivindica un cambio en la regulación de las ayudas sociales
• Han acompañado a la portavoz popular Amaya Fernández, el presidente de los populares vizcaínos, Antón Damborenea, así como el secretario general, Javier Ruiz, y el portavoz del PP en Trapagaran, Gabriel Rodrigo
20. enero. 2015.- El Partido Popular de Barakaldo ha atendido la invitación realizada por los voluntarios barakaldeses que integran la plataforma “Ayudas+Justas”, y su portavoz, Amaya Fernández, ha sido la primera concejal del consistorio en firmar a favor de modificar los requisitos para cobrar la renta de garantía de ingresos.
La portavoz popular ha señalado que es indiscutible la necesidad de que existan mecanismos de solidaridad, como la denominada RGI, para garantizar la dignidad de las personas y evitar situaciones de exclusión social. “Estamos orgullosos de haber contribuido a levantar un sistema de protección social como el que disfrutamos actualmente, pero no es perfecto y los poderes públicos tenemos la obligación de mejorarlo. Y ya no es solo una cuestión de responsabilidad política, sino que es, sobre todo, una demanda social. Los vascos y, desde luego, los barakaldeses percibimos la ley que regula la RGI como una norma arbitraria, que da lugar a injusticias y a situaciones incomprensibles, como que gente que ni siquiera vive en Euskadi esté cobrando la renta” explicó Fernández.
Así, Fernández insistió en la necesidad de reformar la Ley vasca para la Renta de Garantía de Ingresos y para la Inserción Social para, en primer lugar, garantizar que los recursos públicos, que son limitados, se reparten de una manera justa. En segundo lugar, hay que conseguir que quienes sufragan con sus impuestos el sistema público de prestaciones sociales, lo respalden. “No es cuestión de ideologías, sino de sentido común. No es cuestión de quitarle las ayudas a ninguna de las personas que ahora las están recibiendo, sino de garantizar que el que las recibe es porque se lo merece” explicó Fernández.
La portavoz popular se preguntó si no es injusto que una viuda cuya pensión no supera el salario mínimo interprofesional (648,60€ al mes), no pueda recibir la RGI porque, además de su vivienda habitual, tiene una pequeña huerta en el pueblo o un garaje, por ejemplo. Por eso, la edil popular respalda la propuesta de la Plataforma que propone modificar los requisitos de acceso a la RGI e introducir que también podrán acceder a la ayuda las personas que tengan propiedades de escaso valor.
Además, con las reformas propuestas y el ahorro de recursos públicos que se derive de su puesta en marcha, la Plataforma propone subir en 600€ al año (esto es, 50€ al mes) las pensiones más bajas.
“¿No es injusto que una persona que lo ha perdido todo porque ha tenido que cerrar su negocio o poner fin a su actividad profesional, no pueda recibir la RGI porque en su día una entidad bancaria le concedió un préstamo para poder poner en marcha su actividad profesional?” se preguntó Fernández.
Por esto mismo, los populares apoyan que se introduzca un cambio en la normativa y que para poder acceder a la RGI no se computen como rendimientos los préstamos bancarios obtenidos para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional percibidos en los 24 meses anteriores al cierre o cese de dichas actividades.
“¿No es igualmente injusto que una persona en situación irregular que jamás ha cotizado en nuestro país, ni pagado impuestos, pueda recibir la RGI por el mero hecho de estar empadronado en Euskadi?
Precisamente porque no es justo, la Plataforma solicita que en la reforma de la ley se exija tener residencia legal para poder acceder a la RGI, así como la obligación de acreditar una residencia efectiva en la CAPV y haber estado empadronado, al menos, durante cinco años dentro de los últimos diez años anteriores a la solicitud de la ayuda.
