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El PSE recoge firmas e impulsa una moción en el Ayuntamiento contra la nueva Ley del Aborto

Una campaña de recogida de firmas, carteles informativos y una moción ante el pleno del Ayuntamiento de Barakaldo son las iniciativas que el Partido Socialista impulsará en el municipio contra la nueva Ley del Aborto, aprobada por el Gobierno Rajoy (PP), "que deja a la mujer sin la libertad de decidir libremente su maternidad". La iniciativa para su debate por la Corporación insta al Ejecutivo "a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación" del anteproyecto de ley porque "representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad".


Nota de prensa
El PSE-EE de Barakaldo lanza un paquete de iniciativas para frenar la contrarreforma de la Ley del Aborto del PP
> Pone en marcha una campaña de recogida de firmas y presenta una moción al Pleno para recabar apoyos contra la nueva legislación, que elimina el derecho de la mujer a decidir libremente su maternidad

Barakaldo, 16-1-2014

Los socialistas de Barakaldo no se van a quedar de brazos cruzados ante el nuevo ataque a los derechos de la ciudadanía emprendido por el Gobierno del PP con la reforma de la Ley del Aborto, que deja a la mujer sin la libertad de decidir libremente su maternidad. El PSE-EE ha iniciado una batería de iniciativas para recabar el apoyo de la ciudadanía barakaldesa; desde el tejido asociativo hasta el resto de partidos políticos representados en el Ayuntamiento, pasando por los propios vecinos y vecinas. Las acciones consisten en una campaña de recogida de firmas, carteles informativos y una moción al Pleno Municipal.

El portavoz del Gobierno municipal del PSE-EE, Carlos Fernández, y la secretaria de Igualdad de la Agrupación Socialista de Barakaldo, Marisa González, han presentado hoy en rueda de prensa este paquete de actuaciones.

La recogida de firmas arrancó el pasado 9 de enero y ha sido puesta en marcha por las Agrupaciones Socialistas de Barakaldo y Cruces, en colaboración con la Asociación Trece Rosas Rojas. Grupos de militantes y simpatizantes están recorriendo las calles de los barrios y distritos para recabar los apoyos ciudadanos en contra de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo. Los interesados en sumarse a la iniciativa pueden firmar también en las Casas del Pueblo de Barakaldo (calle Arrandi, 30) y Cruces (La Paz, 7) o descargarse la hoja para las firmas de las webs del partido: www.socialistasdebarakaldo.com o www.socialistasdecruces.com.

Las firmas recabadas serán entregadas posteriormente al alcalde, Alfonso García, para que las haga llegar al Congreso de los Diputados y el Gobierno de España en nombre de los ciudadanos y ciudadanas barakaldeses que han dado su apoyo.

Respecto a la moción, el texto busca recabar el apoyo del resto de grupos políticos municipales e insta al Gobierno de España a retirar inmediatamente y no continuar la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica por el que pretende revisar la legislación vigente en España sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

Tal y como razona el PSE-EE en el texto, la revisión de la Ley del Aborto representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales del sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias.


UN GRAVE RETROCESO

Con el Anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre se suprime el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en las primeras catorce semanas, considerándose como delito despenalizado sólo en los supuestos de violación y “grave peligro para la vida o la salud” de la mujer, privando a ésta de su derecho a decidir sobre su maternidad. Se suprime también, por tanto, el supuesto de malformaciones o anomalías fetales incompatibles con la vida, que había justificado la interrupción del embarazo desde los años 80 del siglo pasado.

Esta norma no sólo supondrá un grave retroceso de más de 30 años para la legislación española en este ámbito, y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como una excepción en toda Europa.

En los últimos años ningún país del continente ha legislado hacia atrás en esta materia, mientras que las mujeres españolas sufrirán ese retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año.

Esta normativa del PP ha provocado un enorme rechazo social de la ciudadanía española y europea, de las organizaciones sociales, profesionales y feministas. Además, ha motivado la aparición de declaraciones de miembros del propio PP, incluidas las de algunas mujeres que ocupan cargos públicos, discrepando de su contenido, y la crítica de dirigentes y medios de comunicación en el extranjero, donde sólo ha cosechado la felicitación de formaciones políticas de extrema derecha de otros países.

En la moción, los socialistas piden también el mantenimiento de la actual legislación de marzo de 2010, que según las encuestas es mayoritariamente apoyada por los españoles y fue impulsada por el anterior Gobierno del PSOE.

La Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.

Dicha Ley, aún en vigor, declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes. Asimismo, se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada.