Nota de prensa
El PP solicita la convocatoria de una Junta de Portavoces para que Barakaldo se pronuncie a favor del sector naval vasco
• Fernández: “Es lo menos que podemos hacer por las familias de nuestro municipio que viven directamente o indirectamente del sector naval”
• El gobierno de España defiende una interpretación flexible de la normativa comunitaria para evitar la devolución de las ayudas
2. julio.2013.- La portavoz del Partido Popular de Barakaldo, Amaya Fernández, ha explicado en rueda de prensa el compromiso firme de su Partido con el sector naval español en general y con el vasco en particular, que hoy en día dan trabajo a 86.735 personas.
Así, ha anunciado que solicitará formalmente la convocatoria de una Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Barakaldo, al objeto de que todos los grupos políticos municipales consensúen una declaración institucional de apoyo al sector.
“Es lo menos que podemos hacer por las familias de nuestro municipio que viven directamente o indirectamente del sector naval” apostilló Fernández. Al igual que hiciera la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, en declaraciones públicas el pasado sábado, Fernández ha insistido en que “la lucha de los populares no está en las pancartas, sino donde se están tomando las decisiones, y hay que dar la pelea allí donde uno tiene responsabilidades, en nuestro caso, en el ayuntamiento de Barakaldo”.
La portavoz popular recordó que si finalmente se aprueba la devolución de los 3.000 millones de euros de ayudas, los cinco astilleros vascos -La Naval de Sestao, Zamakona, Murueta, Pasaia y Balenciaga- serían de los más afectados, ya que algo más de 1.000 millones, esto es, más de un tercio de las devoluciones correspondería hacerlo a las plantas vascas.
Según los astilleros se trata de una cantidad que el naval vasco no podría asumir y supondría, en sus propias palabras, la defunción de un sector que ha sido históricamente y continúa siendo clave en Euskadi. Fernández recordó que en la Comunidad Autónoma Vasca 204.613 personas están ocupadas en la Industria, 45.696 de esas personas residen en el Gran Bilbao, del que Barakaldo forma parte (según datos del Eustat, de 2011).
Incluso aunque finalmente las ayudas no tengan que ser reintegradas directamente por los astilleros, sino por los armadores y financiadores, el sector augura una desaparición del sector pues los armadores buscarán otros países donde contratar sus buques y los financiadores dejarán de dar crédito a las plantas españolas.
Fernández cree que los astilleros vascos y españoles merecen el mismo trato que Francia, donde se reconoció la falta de adecuación de las ayudas a la normativa comunitaria, pero se eximió al país de devolver las ayudas. Por eso ha exigido al socialista Joaquín Almunia, Vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, que “se parta la cara por defender a los astilleros españoles, pues no se entiende que los ciudadanos españoles seamos tratados como de segunda categoría y menos aún con el amparo y cobertura de un político español”.
Los datos:
• Entre junio de 2005 y 2011, mediante un sistema llamado “tax lease”, se establecieron una serie de bonificaciones fiscales para el sector naval español.
• Holanda denunció en junio 2011 este sistema por considerarlo incompatible con la legislación europea de ayudas de Estado.
• El 1 de enero de 2012 entraba en vigor el nuevo marco europeo de ayudas públicas al sector naval, incompatible con el tax lease y que supuso su suspensión.
• La resolución de este asunto está prevista el 17 de julio, pero el Vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, que trabaja en el borrador, ha adelantado que el sector naval español tendrá que devolver cerca de 3.000 millones.
• Los dos años que se está tardando en adoptar la resolución a este conflicto ha supuesto que el sector naval español haya experimentado un trágico descenso en el número de buques solicitados por la incertidumbre para los armadores, la mayor parte extranjeros.
• El gobierno de España a través del Ministro de Industria, José Manuel Soria, ya ha anunciado que si esta resolución es contraria a los intereses españoles, la recurrirá ante la justicia comunitaria.
