Concentración contra los desahucios en enero pasado. Foto: Matías Karrillo
• El asesoramiento se ofrecerá en dependencias municipales tres horas diarias un día a la semana, en horario por determinar • El Ayuntamiento se unirá al Fondo Social de Viviendas creado con el fin de poner pisos de alquiler a bajo precio a disposición de los desahuciados •El Ayuntamiento de Barakaldo firmará un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Bizkaia para ofrecer asistencia jurídica gratuita a las familias en riesgo de ser desahuciadas. El Ayuntamiento abonará una subvención mensual de 1.200 euros, así como 400 por euros más por expediente tramitado, para cubrir el coste de los honorarios de los letrados. Los letrados prestarán un servicio de asesoramiento e intermediación hipotecaria para informar y asesorar sobre procedimientos concretos ante las dificultades de pago, plantear medidas correctoras que permitan mantener el pago de las cuotas hipotecarias, negociar medidas alternativas y encontrar caminos de intermediación en los casos de posibles ejecuciones hipotecarias.
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Nota de prensa
El Ayuntamiento de Barakaldo ofrecerá asistencia jurídica gratuita a familias en riesgo de desahucio y se unirá al Fondo Social de Viviendas
Llega a un acuerdo con el Colegio de Abogados de Bizkaia para que sus letrados asesoren a estas personas en un local municipal
Barakaldo, 26-3-2013
El Ayuntamiento de Barakaldo ha decidido tomar dos nuevas medidas en su afán por atajar la lacra de los desahucios. Tras comprometerse a retirar los fondos de los bancos y cajas que desahucien y tomar una serie de medidas paliativas, la institución local firmará en breve un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Bizkaia para ofrecer asistencia jurídica gratuita a las familias en riesgo de ser desahuciadas. Asimismo, se unirá al Fondo Social de Viviendas creado por el Gobierno de España y 33 entidades financieras, entre otras instituciones, con el fin de poner pisos de alquiler a bajo precio a disposición de estas personas.
Barakaldo es uno de los primeros ayuntamientos vascos en tomar ambas iniciativas, que han sido dadas a conocer esta mañana a los grupos políticos municipales por la concejal de Acción Social y para la Igualdad, Cooperación y Prevención de Drogodependencias, Amaya Rojas, en el seno de una de las reuniones periódicas del Grupo de Trabajo técnico-político creado para evitar desahucios en la ciudad.
El acuerdo con el Colegio de Abogados de Bizkaia se extenderá durante al menos durante este año y es renovable. Los letrados prestarán un servicio de asesoramiento e intermediación hipotecaria que tiene como objetivo informar y asesorar sobre procedimientos concretos ante las dificultades de pago, plantear medidas correctoras que permitan mantener el pago de las cuotas hipotecarias, negociar medidas alternativas y encontrar caminos de intermediación en los casos de posibles ejecuciones hipotecarias.
Se trata de un servicio que gestionará la problemática del usuario o usuaria en toda su globalidad, tanto en la fase previa de asesoramiento y extrajudicial, con la correspondiente intermediación, como en la fase judicial. Esta última dentro, en cualquier caso, de los supuestos de concesión del derecho de justicia gratuita. “Trataremos de evitar siempre la judicialización de los casos, iniciando una renegociación desde el minuto 1 para dar una solución al problema”, matiza Rojas.
INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN
Habrá dos tipos de servicios: el de información y orientación, que se prestará en dependencias municipales de forma gratuita durante 3 horas diarias un día a la semana en horario por determinar (ampliable en función de la demanda), y el de intermediación. En ambos casos será necesario pedir cita previa de manera telefónica o presencial en los Servicios Sociales municipales.
Podrán acceder a estos servicios las personas, familias o unidades de convivencia empadronadas en Barakaldo que, siendo propietarias de una vivienda habitual, puedan verse afectadas por situaciones de ejecución hipotecaria o se encuentren ya en un procedimiento de este tipo, tanto por ser deudores como por resultar garantes, avalistas o hipotecantes no deudores.
El Colegio de Abogados de Bizkaia ha creado, para atender a estas personas, un turno de 20 abogados o abogadas especializados en materia de ejecuciones hipotecarias, entre los que designará a los letrados que prestarán el servicio de forma voluntaria y extrajudicial. A cambio de la prestación de estos servicios, el Ayuntamiento abonará una subvención mensual de 1.200 euros, así como 400 por euros más por expediente tramitado, en este segundo caso para cubrir el coste de los honorarios de los letrados.
ALQUILER A BAJO PRECIO
El Ayuntamiento de Barakaldo, por otro lado, ha decidido unirse al Fondo Social de Viviendas. El objetivo es que las personas desahuciadas puedan acceder a una vivienda en alquiler de renta baja durante dos o tres años mientras su situación mejora.
El acuerdo fue suscrito el pasado 17 de enero en Madrid entre representantes del Gobierno de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Banco de España, la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito. Lo que hace es constituir un fondo social de viviendas -inicialmente fueron 5.891 en todo el país- que sale de los pisos en stock que las entidades financieras mantienen tras el ‘pinchazo’ de la burbuja inmobiliaria.
Las condiciones de alquiler son ventajosas, en comparación con los precios habituales del mercado. La renta máxima está situada entre 150 y 400 euros al mes. Los gastos del inmueble, como los impuestos y las obras de reparación, tendrá que costearlos el propietario; es decir, el banco o caja de ahorros correspondiente. La duración del contrato queda fijada durante un plazo de dos años con la posibilidad de prorrogarlo uno más.
Además de haber sido desalojadas de su vivienda habitual, las personas beneficiarias deberán cumplir otras condiciones como haber sufrido el lanzamiento de su residencia después del 1 de enero de 2008 y que nadie en el domicilio familiar disponga de otra vivienda.
Se tendrá especial atención hacia las familias numerosas. También a quienes tienen a su cargo personas dependientes, padres o madres separados con dos o más hijos, progenitores con niños y niñas de hasta tres años o aquellas personas en situación de desempleo.
