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| Rojas, en su primer mandato |
Nota de prensa
El Ayuntamiento de Barakaldo adelanta un mes el plazo para pedir las ayudas sociales
- La solicitud de citas se abrirá el 6 de febrero y será vía telefónica
- En 2011 el número de solicitudes fue de 1.678, de las cuales cumplieron los requisitos y fueron concedidas 1.066. Son menos que en 2010
El Ayuntamiento de Barakaldo realiza año tras año un gran esfuerzo por acelerar los trámites en la concesión de las ayudas económicas municipales, y 2012 no va a ser una excepción. La concejala de Acción Social y la Igualdad, Cooperación y Prevención de Drogodependencias, Amaya Rojas, ha anunciado que se va adelantar en un mes el plazo para atender las solicitudes de Ayudas de Emergencia Social (AES) y Ayudas Económicas Municipales (AEM), las dos prestaciones que este año gestiona la institución local.
“Las instituciones debemos ser lo más eficaces posibles a la hora de ayudar a los ciudadanos y ciudadanas que no pueden salir adelante y más si cabe en una crisis económicas como la actual”, ha advertido Rojas.
En concreto, el plazo para para pedir cita con una trabajadora del área se abrirá el lunes 6 de febrero, y una semana después, el lunes 13 de febrero, los solicitantes empezarán a pasarse por el área. La forma para solicitar cita será exclusivamente telefónica a través de dos números de teléfono: el 94 478 95 77 (que estará activado sólo los días 6, 7 y 8 para cubrir la alta demanda prevista para esos días) y el 010.
En este último caso, el número está activo si se llama de un teléfono fijo de Barakaldo. En caso contrario, hay que marcar el 94 478 92 00. Se han habilitado catorce extensiones diferentes para coger las citas telefónicas, con el fin de atender las solitudes con rapidez. No obstante, sólo el 60% de las personas que piden cita acaban pasándose por el área de Acción Social.
REDUCCIÓN DE SOLICITUDES
Amayas Rojas ha recordado que dos prestaciones que hasta ahora gestionaba el Ayuntamiento, la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), han pasado a depender del servicio vasco de empleo Lanbide.
El año pasado hubo 1.678 solicitudes entre las Ayudas de Emergencia Social y las Ayudas Económicas Municipales. De esas peticiones, 1.066 se concedieron, mientras que 498 fueron denegadas por no cumplir los requisitos y 114 desistieron; es decir, se les solicitó la documentación correspondiente pero no la presentaron.
El número de solicitudes y concesiones fue sensiblemente inferior a las recogidas en 2010, cuando hubo 2.394 solicitudes y 1.440 ayudas concedidas, 825 de ellas denegaciones y 93 desistimientos. Esta bajada de peticiones y concesiones de ayudas se debe principalmente por un nuevo requisito incluido en la normativa del Gobierno vasco de no conceder ayudas a aquellos que superan los 8.000 euros de patrimonio.
De entre las ayudas concedidas el año pasado, una gran parte -un 46,48%- fueron destinadas a que se pudieran pagar préstamos, un 23,27% al pago de alquileres, un 20% al mantenimiento —fundamentalmente de viviendas—, un 5,05% a necesidades primarias como unas gafas o el dentista, un 2,21% a reparaciones e instalaciones, un 1,53% a la compra de mobiliario y electrodomésticos y un 0,36% a reducir el endeudamiento. Más o menos los conceptos son los mismos que en ocasiones anteriores.
El plazo de justificación de estas concesiones finaliza este mes, por lo que la concejala ha aprovechado la ocasión para solicitar a todas aquellas personas beneficiarias que no lo hayan hecho que pasen por las oficinas del Área de Acción Social en la calle Zaballa 3 para justificar la ayuda lo antes posible. De lo contrario, una vez acabado el plazo se iniciará un procedimiento de reintegro.
PRESUPUESTO
El año pasado el Ayuntamiento contó con 1,4 millones de euros para estas ayudas, 911.611 euros subvencionados por el Gobierno vasco para Ayudas de Emergencia Social (AES) y medio millón más de Ayudas Económicas Municipales (AEM). Y este año, de momento, el 29 de diciembre se oficializó que el Gobierno vasco nos va a conceder 957.247 euros, 45.000 más.
“Es una buena noticia, puesto que es la institución competente en la materia y cualquier cifra extra es cubierta por el Ayuntamiento para cubrir el 100% de la demanda pese a que no tenemos la obligación de hacerlo. Cuanto más aporten, en teoría menos gastaremos del presupuesto propio”, ha apuntado Rojas.
En cuanto al resto de ayudas que fueron gestionadas el año pasado por el Consistorio, en la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) hubo 1.146 beneficiarios por un importe total de 354.868,35 euros, y en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) la cifra de beneficiarios ascendió a 3.640 personas, de los cuales 1.125 eran pensionistas, fundamentalmente viudas con una pensión
baja. En este caso des destinaron 1,89 millones de euros. Todas esas cantidades provienen del Gobierno vasco y la Diputación vizcaína.
Amaya Rojas ha recalcado que el Ayuntamiento no sólo se limita a tramitar las ayudas que cumplan los requisitos. Además, trabaja activamente contra el fraude y libra una lucha en la que es pionera. “Nos tomamos muy en serio nuestro objetivo de que las ayudas económicas lleguen realmente a las personas que lo necesitan”, ha subrayado la edil.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE
De hecho, la institución local tiene activados diversos mecanismos para detectar el fraude. Los más destacados son la coordinación con otros departamentos municipales: Estadística, que es el encargado del padrón municipal, y la Policía Local. En el primer caso se cotejan y cruzas los datos de empadronamiento que presentan los solicitantes. En el segundo, se trabaja con los agentes en la emisión de certificados de convivencia ante cualquier duda que surja a la hora de emitir el informe correspondiente por parte de la trabajadora social.
Si es necesario, los policías se presentan en la vivienda del solicitante para comprobar quién vive allí. El año pasado se solicitaron 27 informes de convivencia y a consecuencia de dicho informe se denegaron 17 solicitudes, al detectarse que los datos facilitados a la trabajadora social no eran reales.
Además, este año se ha desarrollado gracias a la implicación de diferentes departamentos una aplicación informática donde se recoge toda la información que el solicitante presenta y existe relación con las trabajadoras sociales de base para completar la misma.
En este año 2012 se sigue trabajando para que esta aplicación recoja todo el proceso de intervención social y se realice el plan, seguimiento y coordinaciones con el usuario, lo que se denomina el diagnóstico social. “Con ello, no nos quedamos únicamente con la concesión de la ayuda económica, sino que conocemos más a fondo su situación y evolución. Es algo que ya se realiza ahora de una manera manual, con la intervención profesional de cada trabajadora social que trabaja en la posibilidad o no de una concesión de una ayuda, siempre y cuando cumpla los requisitos recogidos en la normativa”, ha explicado Rojas.
