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La crisis financiera de Bruesa obliga a vivir en un barracón a una familia de cinco adultos y tres niños


Viviendas de La Constancia donde se ha realojado a parte de los vecinos de la zona
La mujer, cuatro hijos y tres nietos viven en un módulo prefabricado desde hace siete años  Además, los pisos protegidos de La Siebe sufren la entrada de agua por su fachada por los defectos de construcción La empresa no envía personal para arreglarlos con el argumento de su suspensión de pagos
Una familia integrada por una mujer, sus cuatro hijos y tres nietos están condenados a pasar el invierno en las casas prefabricadas instaladas en La Siebe en 2003 debido a que la vivienda nueva donde deben ser realojadas no puede ocuparse por la crisis financiera de la constructora Bruesa, que se encuentra en suspensión de pagos y ha paralizado sus obras en Barakaldo y en toda España. En concreto, la empresa no puede levantar la hipoteca del suelo donde se ha edificado la casa, en La Constancia, y, por lo tanto, no puede realizar la inscripción del inmueble y las ocho personas tampoco pueden vivir en él, por lo que han planteado una demanda en los juzgados, en la que el Ayuntamiento figura como responsable subsidiario. Así lo ha denunciado el vecino de la zona Francisco Javier Pérez, cuya familia se ha visto afectada por los retrasos y dificultades de Bruesa, que también ha dejado viviendas protegidas de La Siebe con problemas de entrada de agua por las fachadas, un hecho que se ha dejado notar con el último temporal.

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> 8/11/2010. La suspensión de pagos de Bruesa mantiene paralizadas decenas de viviendas de La Dinamita
> 10/6/2010. El Ayuntamiento ordena desalojar las casas prefabricadas de La Siebe
> 12/1/2010. Los desalojados de La Dinamita tienen vivienda después de siete años de espera
> 26/7/2009. Cinco allegados del edil de Urbanismo de Barakaldo viven en pisos de protección local




Las condiciones en que se encuentra la familia la han empujado a pedir la intervención de los jueces porque Bruesa ha argumentado que no puede hacer frente a la hipoteca de los suelos, que asciende a 20 millones de euros. No es el único aspecto de esta operación que está en los juzgados. Otras dos familias han llevado al Consistorio ante los tribunales por la orden de desalojar las casas prefabricadas de La Siebe en las que habitan desde hace siete años. En este sentido, Pérez indica que un auto judicial ha reconocido para ellas un derecho de realojo que Bruesa y el Ayuntamiento les niegan. De confirmarse la situación por la audiencia, serían tres y no sólo una las familias a las que hay que atender.

En total, en la zona se derribaron unas 80 antiguas casas de otras tantas familias. Todas han consiguido este 2010 entrar en los pisos —en La Siebe— y adosados —La Constancia— nuevos a los que tenían derecho, menos las tres que siguen en La Siebe. Aún así, los realojos en La Constancia pueden tener una situación jurídica incierta por la situación de hipoteca del suelo, según indica Pérez.

Defectos de construcción. Estas dificultades no afectan a quienes recibieron los pisos en La Siebe, detrás del ambulatorio de La Paz. Sin embargo, algunas de estos residentes sí padecen los defectos constructivos de los inmuebles, que forman parte de la operación urbanística de La Dinamita, gestionada por Bruesa tras adjudicarse los suelos de la zona, mayoritariamente de propiedad municipal.

Las lluvias de las últimas semanas han recordado la situación de las viviendas, en parte de las cuales el agua se filtra por la fachada, como sucede en el bloque número 4, en donde la lluvia penetra por el techo de la sala. La constructora lleva tres años de arreglos y no se ha solucionado, lo que ha dejado a algún vecino sin cámaras de aire —eliminadas para intentar solucionar las humedades— y sin madera en unos suelos que han quedado en hormigón, a la espera de la reparación. Esta misma semana se ha requerido nuevamente a Bruesa para que busque una salida y la respuesta es que ahora mismo no puede ni siquiera enviar una persona a arreglar los desperfectos debido al estado económico de la compañía.

"El Ayuntamiento debería tener miedo", advierte Francisco Javier Pérez, quien recuerda que el Consistorio no ha exigido durante la última década que Bruesa cumpliera los plazos: tenía que haber realojado a todas las familias de la zona en casa nuevas en 24 meses contados a partir de 2001. Si la empresa quiebra, el vecino considera que será la institución municipal la que tenga que asumir, de manera subsidiaria, las millonarias obligaciones contraidas por Bruesa.