• Una sentencia del Tribunal Superior (TSJPV) obligó al Ayuntamiento a retirar la OTA en 2004 • En 2007, el alcalde volvió a declarar pública la calle para volver a poner aparcamiento de pago • Una sentencia que no es firme y está recurrida apoya al Consistorio • La decisión está pendiente de resolución del TSJPV • El PP denuncia el "hostigamiento" del equipo de Gobierno socialista a los vecinos • "El Ayuntamiento tiene intereses y fines meramente recaudatorios" • El PP alerta de que el PSE quiere desarrollar una operación inmobiliaria en la zona •
"No se puede construir Barakaldo pasando por encima de los vecinos". Lo dice la portavoz del PP en Barakaldo, Amaya Fernández, tras el inicio este miércoles de trabajos municipales para incluir en el sistema de aparcamiento de pago —OTA— la calle central del Grupo Unquinesa, medida que ha provocado que los vecinos acudan a los tribunales, por lo que la regulación del estacionamiento se aplicará con el riesgo de que, como en 2004, la justicia la declare contraria a la ley. Los populares consideran que el PSE actúa contra la voluntad de las familias afectadas, con la que los socialistas se niegan a negociar, y que el equipo de Gobierno usa la OTA "como pretexto para una operación mucho más jugosa": ocupar los terrenos sobrantes —hasta ahora propiedad vecinal— y promover una operación inmobiliaria en la zona.
Nota de prensa
Para apoyar a los vecinos del Grupo Unquinesa
EL PP APUESTA POR UNA SOLUCIÓN DIALOGADA EN EL CONFLICTO DEL GRUPO UNQUINESA
• Fernández: “Se ha descubierto que el fin que persiguen los socialistas es meramente recaudatorio”
3.junio.10.- La Portavoz del Partido Popular de Barakaldo, Amaya Fernández, ha denunciado la situación de hostigamiento que sufren los vecinos del Grupo Unquinesa por parte del equipo de gobierno socialista y ha anunciado que trasladarán el problema a la Comisión Informativa de Urbanismo y, en última instancia, al Pleno para intentar buscar una solución pactada al problema.
Más de seis años llevan los vecinos del Grupo Unquinesa defendiendo sus derechos en los tribunales y, por ahora, les ha supuesto el desembolso de más de 30.000 euros. Ya en el año 2004 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó en la sentencia nº 504/2004 las reclamaciones vecinales anulando la decisión del Alcalde de ocupar temporalmente el vial para incluirlo en la zona OTA. El Alcalde tardó casi ocho meses en cumplir la sentencia, retirando finalmente las máquinas expendedoras de la OTA. Con fecha 8 de junio de 2007, nuevamente el Alcalde por Decreto nº 4330 desestimó las alegaciones vecinales estableciendo el carácter público del vial central que une el Grupo Unquinesa con el Grupo Babcok Wilcox y cuya superficie es de 783,10m2. Está decisión volvió a dejar como único camino a los vecinos para defender sus derechos la vía judicial, recayendo el pasado mes de febrero sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº4 de Bilbao por la que se desestimaban sus alegaciones. Sin embargo, la sentencia no es firme por lo que los vecinos han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sin que, por el momento y dado el escaso tiempo transcurrido, conste pronunciamiento alguno.
“Como en otras ocasiones, el equipo de gobierno ha decido seguir la política de hechos consumados. En el día de ayer y ante la sorpresa de un numeroso grupo de vecinos que presenciaron con impotencia como el Ayuntamiento imponía su voluntad sin esperar a que se resuelva el recurso judicial, varios operarios acompañados de media docena de Policías Municipales comenzaron los trabajos para pintar el vial e incluirlo en la zona OTA. “Lo razonable sería esperar a que haya una sentencia firme que aclare la situación y no aplicar la política del rodillo. Queremos sustituir la estrategia del “aquí mando yo”, que tanto le gusta a este equipo de gobierno, por una solución dialogada y pactada para los vecinos del Grupo Unquinesa. ¿Para qué se gastan miles de euros en colocar buzones y repartir panfletos en los barrios preguntando a la gente qué quieren para Barakaldo, si luego hacen caso omiso de las reivindicaciones vecinales?”, se preguntó la portavoz popular.
“Además la primera decisión no ha sido una actuación para la mejora del vial, sino una actuación con intereses y fines meramente recaudatorios”.
Los populares han recordado que el Grupo Unquinesa obtuvo licencia de construcción de estas viviendas protegidas en el año 1951. La superficie construida ocupa 1.198m2 quedando como terreno sobrante destinado a zonas verdes, espacios libres y calles 3.589m2. Hasta el año 1971 la propietaria del Grupo Unquinesa era la empresa “Viviendas de Vizcaya” y, por tanto, la encargada del mantenimiento, siendo posteriormente los propios vecinos que adquirieron las viviendas junto a los sobrantes de edificación los encargados de estas tareas.
“Por las conversaciones que hemos tenido con los vecinos están dispuestos a llegar a un acuerdo razonable con el Ayuntamiento, pero el equipo de gobierno de momento no está dispuesto a ello. No se puede construir Barakaldo pasando por encima de los vecinos. Parece que si los beneficiarios de la acción municipal son los baracaldeses, hay que contar con ellos y dar una nueva oportunidad al acuerdo y al consenso. Los vecinos llevan años manteniendo los terrenos comunes, pagando el impuesto municipal de bienes inmueble de todos los sobrantes de edificación y tienen en sus escrituras la cuota parte de propiedad de estos terrenos, incluido el vial. Parece que son suficientes razones para contar con ellos”.
Pero a los populares les preocupa que la situación no pare aquí y que, en el fondo, el vial sea el pretexto para una operación mucho más jugosa desde el punto de vista inmobiliario. El Plan General de Ordenación Urbana de Barakaldo contempla para el Grupo Unquinesa una mayor edificabilidad de la existente en este momento, lo que permitiría alumbrar una operación urbanística de remodelación del barrio similar a la de Beurko Berria o a la de Francisco Gómez. Las escrituras de los vecinos señalan que los sobrantes de edificación son de su propiedad. Unos sobrantes que representan casi el doble de metros cuadrados que la superficie construida. Sin embargo, en otro Decreto de Alcaldía el nº 2402 de fecha 2 de abril de 2007 se recogía que “los terrenos sobrantes tuvieron y tienen la consideración de suelos de cesión obligatoria y gratuita por lo que deben pertenecer e integrarse al dominio público en tal condición...debe concluirse que tales terrenos no sólo tienen apariencia de públicos, sino que debieron ser cedidos y efectivamente se cedieron aunque no se llegara a documentar, figurando erróneamente en el Registro de la Propiedad como de propiedad Privada. En consecuencia, visto lo anteriormente expuesto e informes emitidos al respecto por los servicios técnicos incorporados al expediente, en el sentido de que debe clasificarse de cesión obligatoria la superficie de los suelos sobrantes de edificación del Grupo Unquinesa, teniendo, además, la calle desde su creación y urbanización un uso común general sin perjuicio de la regulación concreta que pueda ofrecer o acordar el Ayuntamiento según exija el interés público”.
La portavoz popular ha advertido al Alcalde de que va a informar uno por uno a todos los vecinos sobre esta situación y que para cualquier actuación de renovación del Grupo Unquinesa deberá pasar el trámite plenario. “Ahí sí tenemos voz y voto y no permitiremos que se pase por encima de los vecinos”, apostilló Fernández.
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