Nota de prensa. La portavoz del Partido Popular de Barakaldo, Amaya Fernández, ha anunciado la presentación de varias propuestas para mejorar el desarrollo de las unidades de ejecución de Rontegi y San Ignacio (Retuerto) para que sean debatidas en el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal ERETZA S.A., que se celebrará mañana.
Los consejeros populares propondrán la modificación de la puntuación asignada a los criterios que servirán de base para la adjudicación de los proyectos, con la finalidad de primar la oferta económica y el plazo de ejecución del proyecto, reduciendo la puntuación fijada a los criterios que no pueden valorarse mediante la aplicación de fórmulas matemáticas. “Queremos que la oferta económica tenga asignada una puntuación mínima de 50 puntos sobre 100, frente a los 30 de la propuesta inicial y que se incremente la ponderación del plazo hasta alcanzar un mínimo de 20 puntos, ya que los 5 iniciales se nos antojan claramente insuficientes”.
Lo más importante en este momento dado que el capital de ERETZA es cien por cien de titularidad municipal es, por un lado, abaratar costes toda vez que en el Pliego se fijan las calidades mínimas exigibles y, por otro lado, tratar de acelerar los plazos de construcción pensando sobre todo en la veintena de familias que se encuentran en situación de realojo provisional desde hace ya tres años y también en las personas que tras el oportuno sorteo público, resultarán adjudicatarias de las viviendas protegidas. Los Pliegos contemplan un plazo de ejecución de las obras de tres años desde la adjudicación. Así los populares han recordado que estos realojos provisionales cuestan a las arcas municipales 150.000€ al año, por lo que el ahorro sería doble. Por un lado cuanto antes se produzca el realojo definitivo, antes se dejarán de abonar los realojos provisionales y, además, el Ayuntamiento tendría que solicitar un crédito promotor de menor cuantía a la estimada en este momento por los técnicos municipales y que asciende a 29 millones de euros para ambas actuaciones.
Además, en el caso de la UE de Rontegi los populares quieren priorizar las obras de reurbanización del Grupo Mendia, que ha sido nuevamente incluido en el proyecto como exigieron en el pleno de diciembre del pasado año. Teniendo en cuenta que la conclusión de todas las obras del ámbito puede demorarse por espacio de tres años y que no se fija un plazo de inicio de las mismas, no queremos que la empresa constructora que resulte adjudicataria del concurso deje las obras del Grupo Mendia para el final, por eso vamos a solicitar que se incluya como condición que se inicien dentro de los tres primeros meses desde la adjudicación. “Los vecinos llevan varios años de espera para que se ejecuten las obras y tienen razón al demandar que haya un rápida intervención municipal, ya que el barrio no reúne las condiciones mínimas de seguridad en los accesos a los portales y patios interiores”.
Igualmente nos interesa que las viviendas de San Ignacio se construyan cuanto antes porque eso supondrá también que el ambulatorio de Retuerto estará en funcionamiento en un menor plazo.
Los populares también han enmendado las bases que regirán la adjudicación de las viviendas de protección local. Con las bases presentadas por el equipo de gobierno socialista, no se concretan los casos en los que los adjudicatarios de las viviendas están exentos de penalización. Por eso, pedimos que las personas que como consecuencia de la pérdida de su empleo, de la aprobación de un ERE en la empresa en la que trabajan o de una situación de separación o divorcio que suponga un desequilibrio económico y, consecuentemente, no puedan obtener el préstamo hipotecario en el momento de formalizar la escritura de compra-venta, no pierdan en beneficio de ERETZA el 20% de las cantidades que hasta ese momento haya pagado a cuenta del precio, así como el importe íntegro de las cuotas de IVA satisfechas. “Queremos que se le devuelvan todas las cantidades abonadas incluido el IVA, ya que en la situación de crisis en la que estamos y a dos o tres años vista es posible que una persona cumpla en el momento del sorteo con las condiciones de solvencia económica, pero que durante el período de construcción de las viviendas le sobrevengan estas causas y por tanto no le concedan el préstamo. Y el colmo es que además ERETZA o sea, el Ayuntamiento, se quede con su dinero que en tales situaciones tanta falta le va a hacer”.
ANTECEDENTES:
• En el año 2005 se procede a la firma de un convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Barakaldo, a través de las Sociedades Bizkailur y Eretza respectivamente para la construcción de vivienda protegida. El solar sobre el que estaba prevista la construcción de estas viviendas es propiedad de Eretza en un 66,40% y de Bizkailur en el 33,60% restante. Tras la aprobación del proyecto de reparcelación por Decreto de Alcaldía 1794 de fecha 6 de marzo de 2008 que ponía fin a la tramitación urbanística, el diecisiete de noviembre se celebró la reunión del Consejo de Administración de Eretza, en la que se aprobaron los Pliegos de Condiciones para la venta y adjudicación de los solares mencionados. Los consejeros del PP se abstuvieron, advirtiendo a los socialistas de que la operación era inviable económicamente porque los gastos previstos eran superiores a los ingresos, como así se demostró al quedar desierto el concurso.
• En el mes de octubre del año 2009, el equipo de gobierno renunció a la licencia de obras para la construcción de 152 viviendas de promoción pública.
• El 30 de diciembre de 2009 el pleno aprueba la modificación del Plan Especial de Ordenación aumentando el número de viviendas y de parcelas de garaje. Se excluye la reurbanización del Grupo Mendia y el vial de enlace en zig-zag entre la calle Larrea y la prolongación de la calle Rontegi. El Ayuntamiento descarta la venta del solar y apuesta por actuar como promotora.
• El Alcalde rechaza la propuesta del PP de Barakaldo de financiar la reurbanización del Grupo Mendia con cargo al Plan E (Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octubre).
• 19 familias permanecen en situación de realojo provisional desde hace tres años
