El PSE asegura que el acuerdo sobre Ansio "salva al Ayuntamiento" de una "indemnización millonaria"

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• Niega que los pequeños propietarios de huertas vayan a tener que hacer frente a esta indemnización • Suances: "PP y PNV son unos auténticos cobardes" porque han rechazado modificar el PGOU • El concejal de Urbanismo dice que se acata así una sentencia del Tribunal Supremo •
El concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, el socialista Jesús María González Suances, ha asegurado este martes que la decisión del pleno de modificar el Plan General en Ansio Ibarreta, tal y como ordenó el Tribunal Supremo, supondrá "salvar al Ayuntamiento de una indemnización millonaria". La medida, rechazada por PP, PNV e izquierda 'abertzale', ha sido defendida por el PSE como una obligación legal frente al requerimiento judicial, hasta el extremo de que  los socialistas han advertido de que populares y nacionalistas han podido cometer un delito.

Nota de prensa
El equipo de gobierno del PSE y EB salvan al Ayuntamiento de una indemnización millonaria
– Si no se modificaba el Plan General en Ansio, como exigía el Tribunal Supremo, los barakaldeses hubieran pagado 4 millones de euros
– Dos informes jurídicos revelan que los concejales de PNV, PP y la izquierda abertzale podrían haber incurrido en un delito

El pleno municipal de Barakaldo ha aprobado hoy en sesión extraordinaria la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para recalificar una parcela situada en Ansio, entre el BEC y Retuerto. De este modo, el Ayuntamiento cumple con una sentencia del Tribunal Supremo, que obligaba a clasificar la finca como ‘urbana’ en lugar de ‘urbanizable’. La iniciativa ha sido aprobada con los únicos votos favorables de los 13 ediles del equipo de gobierno local del PSE y Ezker Batua, y ha evitado el pago de una indemnización millonaria al ex propietario del suelo -ocupado actualmente por viales y una rotonda-.

 El 30 de diciembre de 2009, los votos en contra de los concejales PNV, PP y la izquierda abertzale evitaron el cumplimiento de la sentencia. Sólo los socialistas votaron a favor, mientras que EB se abstuvo. “Aquella irresponsable postura de nacionalistas y populares, que actuaron al margen de la justicia, ha estado a punto de costarle muy cara al Ayuntamiento”, ha recordado el concejal de Urbanismo y Servicios Municipales, Jesús María González Suances.

 “Si no llega a cumplirse la sentencia judicial, se podría haber ocasionado un ‘agujero’ económico descomunal en las arcas municipales. Hace siete años el demandante, que ya cobró una indemnización en su día, pidió 3,5 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. Ahora, la cuantía hubiera llegado seguro a los 4 millones al añadírsele los intereses correspondientes”, ha relatado González Suances.

 ULTIMÁTUM DEL JUEZ.- Después de cuatro meses de incertidumbre por no saber qué consecuencias podría ocasionar el incumplimiento de una sentencia judicial firme, el pasado 21 de abril el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) -el juzgado encargado de hacer cumplir las sentencias en Euskadi- daba un ultimátum al Consistorio.

 La Sala de lo Contencioso-Administrativo, según ha explicado González Suances, venía a decir que o el pleno municipal declaraba nulo el acuerdo de diciembre y modificaba el Plan General en el plazo de 10 días naturales o imponía una indemnización millonaria al Consistorio, como había solicitado la parte demandante.

 La cuenta atrás comenzó el pasado 29 de abril, cuando la providencia llegó al Ayuntamiento. El equipo de gobierno socialista pidió entonces sendos informes al secretario municipal y la asesoría jurídica. Ambos fueron concluyentes: debía cumplirse la sentencia cuanto antes y la única manera de hacerlo era modifi- cando el Plan General. Es más, los informes decían que si algún concejal de la oposición votaba en contra de esa modificación y como consecuencia de esa postura la sentencia no pudiera cumplirse, ese edil en cuestión podría llegar a incurrir en un delito.

 Jesús María González Suances revela, en cualquier caso, que en ese supuesto el PSE se hubiera planteado muy seriamente pedir a los concejales de PNV, PP y la izquierda abertzale que pagaran la indemnización económica correspondiente de su propio bolsillo, al generar con su voto de forma consciente un daño irreparable en las arcas municipales. Se trata de un supuesto recogido en la Ley de Bases de Régimen Local.

 “Quizás es eso lo que buscaban: vaciar las cuentas para evitar que Barakaldo prosiga con su transformación y dar así la imagen de que la culpa es del equipo de gobierno. Espero que los ciudadanos tomen nota de lo que es capaz de llegar a hacer esta gente con tal de llegar al poder”, ha declarado el edil de Urbanismo y Servicios Municipales.

 González Suances ha recordado además a PNV y PP que en el pasado aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el Plan Parcial de Ansio- Ibarreta, por lo que “si algo se ha hizo mal en ese sector al calificar una finca como ‘urbanizable’ en lugar de ‘urbana’, ellos también son corresponsables de lo ocurrido, no sólo los anteriores equipos de gobierno”.