Los grupos por los derechos sociales de Bizkaia, entre los que se incluye la plataforma contra la exclusión social de Barakaldo Berri-Otxoak, han denunciado hoy los recortes en las políticas sociales impulsadas por el Gobierno Vasco. Las organizaciones, que exigen que cese el retroceso y se produzca una ampliación de derechos, se produce ante los proyectos del Ejecutivo para un nuevo Decreto de la Renta de Garantía de Ingresos y Decreto Regulador de la Prestación Complementaria de Vivienda.
Nota de prensa
Esta mañana en el Centro Cívico "La Bolsa" hemos comparecido en rueda de prensa representantes sindicales, miembros de diferentes Plataformas por los Derechos Sociales, Asociaciones de vecin@s, Grupos de Mujeres y Colectivos de Apoyo a Inmigrantes para denunciar los recortes en las políticas sociales que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales quiere introducir a través de las reformas recogidas en el “Borrador de Decreto de la Renta de Garantía de Ingresos” y en el “Decreto Regulador de la Prestación Complementaria de Vivienda”.
Especialmente se producen los siguientes retrocesos:
1. Sólo se percibirán como máximo dos prestaciones sociales por vivienda. Esta medida va en contra de las personas que no les queda más remedio que compartir piso con otras para hacer frente al abusivo precio de los alquileres, por ser jóvenes, por tener empleos precarios o que por ejemplo han abandonado su vivienda por motivo de una separación.
2. Además, dejarán de tener validez los contratos de hospedaje/pupilaje (es decir, alquiler por habitaciones) cuando son una de las formas más habituales que tienen las personas y familias más desfavorecidas para acceder a un piso compartido.
3. Las personas con un trabajo en precario verán que sólo pueden complementar sus bajos salarios durante 2 años y después se les suspenderá el cobro de la ayuda social a la que tuvieran derecho aunque sigan trabajando con contratos en precario y sueldos míseros. Esta nueva normativa va en contra de la conciliación laboral y familiar ya que no se va poder cobrar una ayuda social y acogerse a una excedencia por cuidado a familiares dependientes.
4. Las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia que sufran una fuerte bajada de ingresos no podrán pedir ninguna prestación hasta que no tengan la nueva declaración de la renta; por lo cuál en algunos casos tendrán que esperar cerca de un año para poder acceder a alguna cobertura social.
5. Se computan como bienes muebles a efectos de patrimonio (con la consiguiente imposibilidad de acceder a las ayudas sociales) aquellos de los que las familias no pueden disponer, de propiedad compartida o de difícil realización. Por ejemplo, haber heredado parte de una vivienda contará como patrimonio a pesar de que no se pueda disponer de la misma porque esté en usufructo.
6. Se establecen límites a la cuantía de las ayudas para el pago del acceso a una vivienda o la atención sanitaria no cubierta por Osakidetza.
Por último, he aquí algunos datos que muestran el sinsentido de realizar recortes cuando la sociedad más necesita prestaciones sociales:
• 135.687 personas se encuentran desempleadas (67.944 hombres y 67.743 mujeres), 25.594 más que hace un año, lo que representa un alza del 23,25 %. 48.000 no cobran ningún tipo de prestación (SISPE-INEM).
• Están pues legislando y decretando en contra de más de 890.000 personas, ya que según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales del 2008, que realiza el Gobierno de Lakua, un 21,6% (463.000 personas) de la población vasca refleja algún tipo de precariedad (vivienda, vestido, sanidad, alimentación, educación...) y además otro 20,1% de la población (otras 430.000 personas más) declara que tiene considerables dificultades para llegar a fin de mes.
• En el primer semestre de 2009 los juzgados de Euskadi han registrado 661 solicitudes de ejecuciones hipotecarias. La mayor parte de ellas, 356, fueron en Vizcaya, 168 en Guipúzcoa y 138 a Álava.
• Las peticiones a Cáritas y al Banco de Alimentos han aumentado un 40%. A día de hoy 35.000 personas se alimentan gracias a estas instituciones.
Por todo ello, reclamamos una política social que amplíe los derechos sociales en lugar de recortarlos.
COLECTIVOS FIRMANTES:
ELA, LAB, STEE-EILAS, ESK, CGT y CNT.
Danok Lan (Galdakao), Argilan (Bilbo), Berri-Otxoak (Barakaldo) y Elkartzen.
SOS Racismo, Mujeres del Mundo, Asociación Colombia-Euskadi, ASEMA (Asociación de Senegaleses de Markina-Xemein), Mbolo Moye Doole.
Asociación Alavesa de Trabajo Social, Zuzen, red por la igualdad de derechos de Vitoria-Gasteiz, Foro R. P. de Gasteiz - C.V.X. (Comunidades de Vida Cristiana) de Gasteiz, Asamblea de Mujeres de Bizkaia, Asociación Mujeres en la Diversidad, Centro Asesor de la Mujer “Argitan”, Coordinadora de Grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, La Salle Iturburu Elkartea, Anitzak Ekimena.
www.nodo50.org/berri_otxoak
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