El PP de Barakaldo pide una comisión de investigación para el caso CIS

Los populares denuncian que el PSE se niega a grabar las sesiones de la comisión de investigación sobre La Siebe
Nota de prensa. El Partido Popular de Barakaldo ha salido al paso de las informaciones aparecidas ayer en un medio de comunicación (DEIA) en las que se desvelan supuestas nuevas irregularidades en la gestión del Centro de Integración Sociocultural de Los Hermanos (C.I.S) y que, en este caso, afectarían a un teniente de alcalde del equipo de gobierno socialista…

Los populares, que ya pidieron la creación de una comisión de investigación hace más de un año y que duerme el sueño de los justos en algún cajón de Alcaldía, creen que el Alcalde debe dar la cara porque está al tanto de todo y crear dicha comisión sin más dilación. La comisión de investigación debe esclarecer todas las denuncias que se han hecho públicas durante estos últimos años tanto por partidos políticos, técnicos municipales como por sindicatos y trabajadoras.

Los concejales del Partido Popular de Barakaldo creen que los socialistas deben explicar a los barakaldeses todas las denuncias que se han realizado desde su adjudicación y con especial incidencia sobre los siguientes extremos:

Como es sabido, todas las personas con problemas de discapacidad psíquica o física que desean ser usuarios del C.I.S. deben someterse a una baremación realizada por los servicios sociales. Este procedimiento siempre concluye en un Decreto de Alcaldía que estima o desestima la solicitud. Por lo que para esclarecer este aspecto los socialistas deben presentar el expediente de baremación y, en caso que éste exista, el correspondiente Decreto de admisión.

El equipamiento que alberga el C.I.S., construido con fondos europeos, es de propiedad municipal, pero la gestión en lugar de ser pública, como en repetidas ocasiones ha solicitado en el pleno municipal el PP de Barakaldo, se lleva a cabo mediante gestión interesada, es decir, el Ayuntamiento abona a la empresa subcontratada el déficit que genera el servicio hasta un máximo que se establece en el contrato, y que el pasado año ascendió a 1.423.872,07€. Por lo que si se confirma en la Comisión de Investigación que la empresa incluyó entre los gastos que determinan en última instancia el déficit a abonar por el Consistorio los que ocasionó este usuario sin que éste fuera admitido legalmente, estaríamos ante una actuación irregular que podría dar lugar a la rescisión del contrato. Estos gastos ocasionados por el familiar de un miembro del equipo de gobierno ascenderían a 21.796,75€.


COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA SIEBE

Hoy se ha celebrado en el Ayuntamiento la primera sesión de la Comisión de Investigación que debe esclarecer las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en la Siebe.

Los populares aseguran que han salido de esta primera sesión con un sabor agridulce. Dulce, porque se ha creado y empezado a funcionar tal y como solicitaron en el mes de julio y agrio, porque el equipo de gobierno socialista se ha opuesto a cuestiones planteadas por el PP, que serían clave para esclarecer este asunto.

Los populares han pedido que las sesiones sean grabadas a lo que se han negado los socialistas alegando de forma incomprensible que se sienten coaccionados y amenazados. Asimismo, han pedido que haya una representación de los vecinos que teniendo, según defienden, derecho a realojo siguen sin poder recibir su vivienda, a lo que los socialistas se han negado también por considerar esto un asunto zanjado. El PP de Barakaldo cree que lejos de ser éste un asunto zanjado, es el vértice de lo que la Comisión debe investigar y sin embargo, los socialistas se han apresurado a zanjar el asunto.

Además, el equipo de gobierno socialista ha advertido que es posible que parte de la información no aparezca ya que en el mes de julio, mes en el que se desvelaron las supuestas irregularidades, se registraron dos robos en la empresa promotora, pudiendo haber desaparecido parte de la información. Sin embargo, los populares han desvelado que en los certificados de denuncia presentados ante la Ertzaintza no consta que se haya denunciado la sustracción de ninguna carpeta o documentación, por lo que no entienden que el gobierno socialista se ponga la venda antes que la herida.