La situación se volvió crítica el viernes 30 de enero cuando el SAC tuvo que cerrar por completo. El Consistorio no ha cubierto las plazas que han quedado vacantes y además hay trabajadores enfermos. Ante esta situación, el equipo de la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), ha advertido a antiguos empleados del SAC que están en otros departamento para que acepten ser trasladados de sus puestos, a lo que se ha negado la mayoría. Además, hay malestar en las áreas: "es desvestir un santo para vestir a otro".
De esta manera, los vecinos que acuden al SAC en Cruces o en Clara Campoamor, se lo encuentran cerrado y son derivados al edificio consistorial, en donde no hay personal suficiente para atender todos los casos. De hecho, el Ayuntamiento ha requerido que sea un empleado de la empresa que gestiona el teléfono de información 010 el que esté en la máquina o cajero automático para poder sacar certificados de empadronamiento.
La sección sindical de LAB ha recordado que hay en teoría 11 trabajadores (2 en Cruces, 2 en San Vicente y 7 en la central), pero la realidad es distinta. Entre los empleados, hay dos sin ninguna experiencia que acaban de llegar. Quienes conocían el funcionamiento y se presentaron a las oposiciones, han optado mayoritariamente por abandonar el SAC debido a las condiciones. De esta manera, hay ocho puestos sin cubrir y estarán así meses porque el Ayuntamiento espera cubrirlos en las oposiciones de marzo.
"El índice de bajas y vacantes sin cubrir oscila entre el 73 % y el 82 %, lo que deja a las oficinas en servicios mínimos", ha advertido LAB, que denuncia la "falta de recursos, de planificación y de voluntad", y advierte de que el caos se debe a una "decisión política: se mantienen abiertos más puntos de atención de los que la plantilla real puede asumir". El PNV en la alcaldía no se ha pronunciado públicamente sobre la situación.
El caso del SAC no es excepcional. La precariedad se extiende a la mayoría de los servicios del Ayuntamiento, incluso a la secretaría general, en donde ahora se tardan incluso meses en elaborar las actas que hacen realidad las decisiones que se adoptan en el Ayuntamiento.
El segundo funcionario más importante de la institución, el interventor municipal, lo ha advertido por escrito: su departamento, que actúa con independencia de los políticos y vigila las irregularidades en contratos, está sin personal ni recursos necesarios.
En los servicios sociales, no se da abasto para atender las ayudas de emergencia social e incluso se ha producido la paralización de expedientes de violencia de género por el "colapso" debido a la insuficiencia de personal. En el instituto de deportes Barakaldo Kirolak acumulan muchos meses de retraso en sus ayudas a equipos y se acaba de convocar por primera vez en dos años las subvenciones a los clubes.
Y entonces, ¿cómo salen adelante algunas obras, como las rampas mecánicas o el cubrimiento de columpios? El Gobierno de Amaia del Campo (PNV) resuelve todos los expedientes de este tipo de proyectos mediante su encargo a empresas privadas, a las que, con dinero público, encarga todo el proceso, incluida la elaboración de las condiciones de los contratos que firmará el Ayuntamiento.
La mandataria, imputada por acoso laboral, no ha tenido, en estos 10 años en el poder, miramientos incluso a la hora de intentar deshacerse de los dos únicos abogados municipales, pese a repetidas sentencias favorables a los letrados. El vacío por la carencia de estos profesionales se ha cubierto contratando a despachos privados.
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