Comunicado de la plataforma contra la pobreza Berri-Otxoak. Desde este miércoles 6 de noviembre, y durante como mínimo 4 meses, no se tramitará ninguna ayuda de emergencia en Barakaldo ante los servicios municipales. “En un tercio del año, durante cuatro meses, las familias barakaldesas más precarizadas y empobrecidas se encontrarán sin ningún tipo de atención, protección o cobertura”, ha advertido Berri-Otxoak.
Recorte que se adopta -a la atención y los recursos municipales- en una localidad donde el 10’1% de los hogares sufren situaciones de pobreza grave lo que ha conllevado que cada mes 2.000 familias sean atendidas por los diferentes Bancos de Alimentos de Barakaldo.
Este nuevo recorte social se aplica cuando la localidad ha visto duplicarse el número de personas sin hogar que duermen en la calle: en la actualidad son 100 personas.
La “Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”; la cual regula las garantías mínimas que corresponden a la ciudadanía respecto a sus relaciones con las instituciones. Reconoce como derechos de las personas en sus diligencias con las Administraciones Públicas el poder comunicarse sin un límite de tiempo, pudiendo establecerse esta relación en cualquier momento de los 12 meses del año.
Ante esta actuación totalmente ilegal y que contraviene la normativa actualmente vigente. Desde Berri-Otxoak se entregará a aquellas familias que lo necesiten los recursos y alegaciones necesarias para ser atendidas y poder ejercitar los derechos que las pudiera corresponder.
Para denunciar la imposibilidad de acceso a las ayudas de emergencia y los servicios municipales la asociación contra la pobreza ha desarrollado un “cortejo fúnebre por los derechos sociales”. Por este motivo, personas ataviadas de esqueletos y vestidas de enterradores -y acompañadas de cirios, palas, coronas y un féretro- han protestado ante al consistorio fabril mediante el “duelo por las familias afectadas por los recortes sociales”.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, el 12 de agosto de 1992, y en sus 32 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado casi 17.100 familias.
