El decreto, al que ha tenido acceso 'Barakaldo Digital', explica que el negocio denominado A la Brasa Barakaldo, de comida para llevar, pidió permiso para abrir el 20 de octubre de 2023, pero no incluía la documentación correcta, por lo que se rechazó la solicitud y se prohibió expresamente la actividad el 24 de noviembre. Pese a ello, el empresario puso en marcha el local.
El 30 de noviembre el restaurante presenta de nuevo papeles, el 11 de diciembre los vecinos protestan por humos y olores, el 22 de diciembre el Ayuntamiento pide que se subsanen defectos en el proyecto del restaurante y el 2 de enero de 2024 el empresario vuelve a entregar la misma documentación.
En enero, el Ayuntamiento descubre además que en ningún momento se ha tramitado un permiso de obras en al menos lo últimos cinco años y constata que se ha colocado una chimenea que incumple las normas. Ante todos los antecedentes, el 23 de enero se ordenó la clausura de la actividad hasta que se solucionen todas las carencias, pero diversas denuncian prueban que el empresario ignoró la resolución de cierre.
El negocio lo intenta de nuevo el 31 de mayo, con nuevos documentos, pero la propuesta no reúne todos los requisitos —"incompleta la solicitud"— y el Ayuntamiento emite un nuevo decreto el 17 de junio que ratifica expresamente el mantenimiento de la medida cautelar de clausura de la actividad dictada originalmente el 23 de enero.
De esta manera se llega al 1 de julio, con un nuevo decreto, el número 2024/005885, que declara "sin efecto" el permiso para el funcionamiento de la actividad, prohíbe "expresamente de forma cautelar el ejercicio de la actividad comunicada" y dispone "la clausura de la actividad al objeto de evitar posibles molestias y daños a vecinos colindantes y al medioambiente, hasta que se acredite el cumplimiento a la normativa".
La resolución advierte de que cabe la posibilidad de que se abra un expediente contra el negocio para "depurar la responsabilidad administrativa por el funcionamiento, en su caso, de la actividad sin ajustarse a lo establecido en la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi". El decreto se ha remitido a la policía local "a fin de que proceda a la vigilancia de las medidas adoptadas" y a informar "de su grado de cumplimiento".
