El fallo, que se acaba de publicar por el Poder Judicial, explica que la auxiliar administrativa fue inicialmente contratada, en 2017, por parte de un contratista que daba servicios al Ayuntamiento, y al jubilarse el empresario, el Consistorio se subrogó a esta empleada, así como a otros dos compañeros, pero les mantuvo las condiciones de la contrata, en lugar de las de los trabajadores municipales.
Los afectados, que estaban en el departamento municipal de Recaudación estaban con un horario distinto al de los empleados públicos que desarrollaban la misma actividad, lo que generaba una diferencia económica de 3.456,10 euros en contra de los trabajadores procedentes de la contrata.
En un primer momento, ante la reclamación de la trabajadora, el Ayuntamiento la reconoció con carácter indefinido no fijo, pero sucesivas sentencias, ahora confirmadas por el Tribunal Superior, han obligado a admitir la condición contractual de fijeza, a lo que se suma ahora además la exigencia de que esta fijeza no pueda estar condicionada a la futura cobertura por funcionario del puesto de trabajo.
