El equipo de gobierno congela en 954.465 euros por UNDÉCIMO AÑO CONSECUTIVO la consignación destinada a las ayudas económicas municipales. Prestaciones que perciben 1.000 familias barakaldesas cada año. Y de las que decenas son expulsadas por falta de presupuesto.
Sin embargo, como no podía ser otra manera, los presupuestos aprobados destina tres millones de euros para los 38 políticos que conforman el gobierno local y partidos políticos del consistorio (Alcaldesa, concejales liberados, asesores, administrativos y cargos de confianzas). En concreto son 2.819.529,37: 215.000 euros más que el año pasado.
Los presupuestos del gobierno local nuevamente vuelven a dotar de un insuficiente presupuesto a las ayudas económicas municipales, endurece los requisitos de acceso y recorta las cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias para hacer frente a sus necesidades más básicas.
A la par el gobierno local recorta el derecho a una vivienda digna y criminaliza a las decenas de personas sin hogar del municipio. El gobierno local incumple sistemáticamente la Ley que obliga garantizar una alternativa habitacional a toda familia que se encuentre en un proceso de desahucio y sortea el derecho a una vivienda, cuando el número de inscritos en el servicio vasco de vivienda Etxebide como demandantes de alquiler es de 4.285 unidades familiares.
Hay que tener en cuenta que los recursos existentes de forma temporal en Barakaldo (albergue municipal en el barrio de Lasesarre y el recurso para mujeres sin hogar ubicado en el barrio de Rontegi) se encuentran saturados y ni siquiera se atiende a la mitad de las personas sin hogar en Barakaldo. En concreto, al menos quedan 45 personas sin hogar en las calles: a las cuales se criminaliza continuamente, como demuestran las últimas actuaciones de la Policía Municipal.
A fin de evitar aumentar la dotación presupuestaria para gasto social el equipo de gobierno recorta en un 20% la asignación a percibir por las familias con graves dificultades económicas y deniega sistemáticamente el acceso a las prestaciones para “gastos relativos a las necesidades primarias”, las cuales permiten cubrir carencias tan básicas como la alimentación.
Además, el gobierno local se acoge, año tras año, a una disposición del Gobierno Vasco que habilita a los consistorios a denegar las prestaciones económicas a las familias que reúnan los requisitos “en caso de no existir un crédito consignado suficiente para atender el conjunto de situaciones de emergencia”, la cual le ha sido aplicada el pasado año 2023 a cerca de un centenar de familias de la localidad.
A esta política de recortes se debe sumar la falta de personal para gestionar las solicitudes (trabajadoras sociales y personal administrativo) del “Equipo de Ayudas Económicas”, situación que provoca demoras de 6 meses en acceso a unas prestaciones destinadas a circunstancias de “emergencia social”.
Cabe destacar que mientras se recortan derechos a las familias más empobrecidas y precarizadas la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, supone a las arcas municipales como mínimo 98.952 euros anuales (81.590 de salario base y 17.363 en cotización a la seguridad social).
La retribución de la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, es superior a la del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y algunos de sus ministros; o presidentes de comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Baleares, Murcia, Canarias o Asturias. Además, su remuneración es superior al de mandatarios de ciudades como Sevilla (con siete veces más de población) o Vigo y Gijón (ciudades que triplican en residentes a la localidad fabril).
La falta de un presupuesto suficiente para los servicios sociales conlleva que queden desatendidas las familias empobrecidas de la localidad. Cuando aumenta la inflación y las dificultades de las familias para atender sus necesidades más básicas -como vivienda o alimentación- el gobierno local decide recortar cuantías y dificultar el acceso a los recursos municipales.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, el 12 de agosto de 1992, y en sus casi 32 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre del 97 un punto de información sobre ayudas sociales, por el que han pasado 16.200.
