Así lo reflejan los informes trimestrales de la tesorería, que revelan que en 2023 se abonaron 2.142 facturas más allá del máximo legal de 60 días desde que el contratista entrega el recibo. El número contrasta con las 1.037 pagadas fuera de plazo en 2022, cuando los técnicos alertaron de una "tendencia al alza" que debía "ser corregida". Estos datos no incluyen los organismos y empresas municipales.
Este comportamiento de la institución municipal, que perjudica a las empresas que dan servicios al Ayuntamiento, contrasta con los anuncios que el PNV en la alcaldía realiza repetidamente cada año sobre la salud financiera del Consistorio y los "niveles de endeudamiento más bajos de la historia" de la institución, que además el anterior curso dejó sin gastar en el presupuesto ordinario 30 millones de euros.
Las legislación que obliga a pagar en menos de 60 días busca "apoyar al emprendedor y estimular el crecimiento y de la creación de empleo", destacando que la morosidad "deteriora la rentabilidad de las empresas, produciendo efectos especialmente negativos en la pequeña y mediana empresa".
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