En concreto, la sala de lo contencioso administrativo número 7, en sentencia de este mes de mayo, ha ratificado la decisión del Ministerio de Justicia de rechazar la solicitud de "nacionalidad por residencia" a al vecino de la anteiglesia a pesar de que tenga cuatro hijos en España, "lleve muchos años residiendo en España, conozca el idioma español o tenga trabajo", y colabore con la diócesis y el Servicio Vasco de Gestión de penas.
El caso dato de diciembre de 2010, cuando el afectado, nacido en Marruecos y con permiso de residencia en España hasta octubre de 2023, pidió la nacionalidad española, a lo que el Ministerio de Justicia respondió con el silencio —denegación— y posteriormente con una resolución que sostiene que se incumple el requisito de "buena conducta cívica".
El vecino de Barakaldo únicamente tiene "antecedentes policiales muy antiguos y poco relevantes", según indica la Audiencia Nacional, pero los servicios de inteligencia han emitido un informe en contra y el Ministerio de Justicia, en consecuencia, ha invocado "razones de seguridad nacional" para rechazar la solicitud.
"El informe remitido evidencia con palmaria claridad que la conducta del recurrente constituye un potencial riesgo para los intereses de nuestro país y, en consecuencia, presenta un evidente perfil negativo e incompatible con lo que se entiende por un buen ciudadano, desde la perspectiva de los intereses públicos y la seguridad nacional", señala la sentencia.
"Es cierto que el actor ha aportado documental que justificaría sus relaciones con sus conciudadanos en el País Vasco y colaboración ciudadana […] pero tampoco puede desconocerse el informe aportado relativo a su consideración como 'miembro activo de un movimiento islamista radical que promueve la superioridad de la ley islámica y la no integración de los musulmanes en la sociedad española".
