Los argumentos son prácticamente idénticos a los utilizados en altercados similares en el pasado: un grupo de personas a las que se acusa de actitudes "provocativas y violentas" así como de ser okupas, generar un entorno con delincuencia y suciedad, y proceder "de otro municipio", por lo que se reclama, además de más policía, que se revise la situación legal y se tomen las medidas "que procedan", con lo que se insta al desalojo.
El caso ya ha llegado al Ayuntamiento y la Corporación, reunida en pleno, lo debatirá previsiblemente con presencia de vecinos, que están utilizando las redes sociales llamando a la movilización para acudir al edificio consistorio. "Es el momento de mostrar lo inseguros que nos sentimos", señalan en sus mensajes.
El grupo pide en concreto revisar si las familias a la que acusan de conflictivas están legalmente en el edificio, que se revisen las ayudas sociales que supuestamente reciben, que no se les den certificados de empadronamiento si son okupas, que se refuerce la presencia policial y que "se diseñe un plan de actuación que aborde la problemática desde la perspectiva de la educación, la intervención social y la seguridad jurídica".
El propio Consistorio ha utilizado en los últimos días la imprecisa palabra "conflictivas" para definir a algunas personas a las que, sin que conste que hubieran cometido ninguna infracción, la policía local desalojó de Burtzeña en donde estaban en un campamento. "La actuación tiene un carácter preventivo y tiene objetivo reducir los delitos y mejorar la convivencia en el entorno", según dijo el concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Ángel Madrazo (PSE).
Este tipo de situaciones ha dejado en Barakaldo graves incidentes en otras ocasiones. El 27 de enero de 1995, un grupo de vecinos, con impulso, entre otros, de dirigentes locales del PNV, encabezó un movimiento de protesta contra seis familias gitanas, con 15 años de residencia en el barrio, a las que se acusaba de okupas en la calle Andikollano por entrar en dos casas deshabitadas durante 10 años.
Vivían, según indicó el Ayuntamiento entonces, en condiciones "infrahumanas" y tenían mordeduras de las ratas al dormir en el suelo. Nueve niños y cinco adultos sufrían sarna. Ante las protestas de sus vecinos, las familias finalmente abandonaron los inmuebles, en un caso después soportar una concentración de varias horas frente a la casa.
Durante la movilización, hubo enfrentamientos de vecinos con la Ertzaintza. Además, esos días, el entonces alcalde, el socialista Carlos Pera, fue agredido por residentes de la zona que dijeron que el mandatario les acusó de racismo. Finamente, el Ayuntamiento, con los votos del PSE y HB, acordó dar 12 millones de pesetas a las familias gitanas para que abandonaran Lutxana.
En 1996, fueron vecinos de Retuerto los que protagonizaron manifestaciones por el realojo en ese barrio de una familia gitana que llevaba 12 años siendo residente en Barakaldo. En 1996 el problema regresó a Retuerto y la Ertzaintza con material antidisturbios tuvo que intervenir tras semanas de concentraciones contra familias romanís. En 2000, el colegio de los salesianos de Cruces fue escenario de altercados cuando familias y escolares trataron de impedir que asistieran al centro tres niños gitanos de tres, siete y ocho años a los que acusaban de "conflictivos".
