ELA se opone a la resolución, ya que es un claro ataque contra los derechos lingüísticos. Además, esta resolución vulnera el derecho de la ciudadanía a recibir servicios públicos en euskera, así como el derecho de las personas trabajadoras a trabajar en euskera.
Recordemos que ELA, LAB y Kontseilua acordaron que la Administración Pública de la CAPV debe euskaldunizarse en el plazo de 15 años, cumpliendo con las medidas establecidas.