El juzgado emitió una orden de desalojo de su vivienda para el viernes 30 de diciembre, programado concretamente para las 9.15 horas.
Ante este hecho, activistas sociales de Berri-Otxoak, se han concentrado este miércoles 14 de diciembre ante portal donde reside esta mujer para reivindicar el “derecho a una vivienda digna y contra los desahucios.”
En este contexto, cabe señalar que políticos del equipo de gobierno firmaron el pasado 2 de diciembre en el Palacio Euskalduna el “Pacto Social por la Vivienda 2022-2036”. En concreto, el presidente de “Eretza, Sociedad municipal de Gestión Urbanística” Juan Antonio Pizarro y el segundo teniente de alcalde Carlos Fernández.
Pasados 10 días se demuestra que su única prioridad era salir en la “foto” mientras vulneran, aquí y ahora en Barakaldo, el derecho a una vivienda digna e incumplen todos los protocolos de actuación ante la situación de desahucio de una mujer desempleada de 52 años, perceptora del Ingreso Mínimo Vital y de su hija de 15 años.
La plataforma barakaldesa contra la precariedad y la pobreza denuncia, una vez más, que “Ayuntamiento de Barakaldo y la Consejería de Vivienda, al no dar los pasos necesarios, desentenderse y no ofertar ninguna alternativa habitacional, incumplen las resoluciones de obligado acatamiento de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que exigen garantizar el acceso una vivienda cuando afecte a familias en situación de vulnerabilidad económica y, especialmente, cuando hay afectadas menores de edad”.
El colectivo contra la exclusión social denuncia que tanto los servicios sociales del gobierno local como Alokabide, “no atienden la demanda de una solución a este nuevo desahucio, pese a las solicitudes planteadas por la mujer, amenazada con quedarse en la calle”.
“Ni el Equipo de Gobierno del consistorio fabril ni el Gobierno Vasco han ofrecido hasta la fecha ninguna alternativa habitacional, como exige la actual ley, a esta mujer y su hija menor de edad, quienes cuentan con un informe de vulnerabilidad acreditado por el juzgado de Barakaldo”.
La mujer afectada “lleva varios meses intentando que los recursos municipales o el Servicio Vasco de Vivienda reconozcan su dramática situación e inminente desahucio y observen su derecho a una vivienda en régimen de alquiler social, como marca la actual legislación”.
“Nuevamente se comprueba que es papel mojado la normativa antidesahucios aprobada en 2013, a raíz de la muerte hace 10 años de la vecina de la localidad Amaia Egaña, por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovada en el mes de febrero del 2019”.
De acuerdo al compromiso de actuación para estas situaciones, los servicios sociales de base están obligados a “dar una respuesta y una tramitación urgente para el acceso inmediato a una vivienda de alquiler social” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio y a garantizar un alojamiento con carácter prioritario.
Berri-Otxoak recuerda que cada semana se producen una media de cuatro desalojos en Barakaldo, localidad que ya acumula más de 2.027 desahucios desde que, hace 10 años, el 9 de noviembre de 2012, se quitara la vida la vecina Amaia Egaña en el mismo momento en el que comitiva judicial procedía a ejecutar su desahucio de su piso en el barrio del Desierto.
Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, el 12 de agosto de 1992, y en sus 30 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde hace 25 años, desde el 17 de noviembre de 1997, una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado más de 15.000 familias de la localidad.
BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)
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