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El PSE alerta de la creciente suciedad en las calles por la mala gestión del contrato de basuras

Comunicado del PSE. El PSE-EE de Barakaldo ha manifestado hoy nuevamente su honda preocupación por la situación creada por mala gestión del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras, el de mayor cuantía económica de cuantos gestiona el Ayuntamiento (40 millones de euros en 4 años) y “el que, probablemente, mayor impacto tenga en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas”.

En un Pleno Extraordinario en el que se ha evidenciado nuevamente el horizonte de litigios judiciales que amenaza al Ayuntamiento con cuantiosas indemnizaciones a una o las dos empresas relacionadas con el contrato, el socialista Carlos Fernández ha advertido sobre las quejas vecinales por la creciente suciedad de las calles de Barakaldo.

“Qué tiempos aquellos en los que, con Tontxu Rodríguez como alcalde, nos premiaban con la Escoba de Platino por la limpieza de nuestras calles”,  ha rememorado el candidato del PSE-EE a la alcaldía. 

Para Fernández, “los concejales no podemos encogernos de hombros y decir que todo lo que sucede es fruto de informes técnicos, jurídicos, sentencias y recursos. Las 27 personas que estamos aquí sentadas somos políticos y la ciudadanía espera que resolvamos sus problemas con agilidad y eficiencia. En ese objetivo y en el de garantizar al máximo las condiciones laborales de los trabajadores vinculados al contrato nos encontrarán siempre”. 

El Pleno Extraordinario de hoy es una consecuencia más de la adjudicación del contrato en 2018, un proceso rodeado de polémica en el ámbito administrativo y jurídico, que finalmente fue declarado nulo en dos ocasiones: uno por el OARC y el otro por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en sentencia de 10 de septiembre de 2020.

La preocupación de los socialistas con este servicio no es nueva y la vienen manifestando desde 2018. De hecho, el 13 de agosto de 2018 los concejales del Grupo Municipal Socialista abandonaron el salón de plenos al considerar que no se daban las mínimas garantías de información, transparencia y seguridad jurídica para participar en la votación de adjudicación que finalmente se materializó con el único voto favorable del PNV.