Según la legislación aún vigente, la cuantía de la RGI debería situarse en 1.167€ mensuales para las familias pensionistas o con personas dependientes a cargo y en 1.026€ mensuales para las familias restantes (ambas en 12 pagas), mientras que en la normativa recientemente publicada las sitúa en 934€ y 737€ respectivamente, lo que supone que las primeras perciban 233€ menos y las segundas 289€ menos cada mes; relleno extra de ansiedades, apuros y angustia vital tras derretirse la dulce y confortable cobertura de propaganda política.
Para aquellas personas y familias que viven de alquiler, no ya tan frecuentemente en pisos a su entera disposición como se estilaba años atrás, sino en meras habitaciones a desorbitados precios, se les ha añadido una nota aún más acre que lleva gestándose desde el 2012 con esta "dulce" y nueva normativa: “cuando en un mismo domicilio resida más de una unidad de convivencia, sea beneficiaria o no de la RGI, la cuantía se recortará aplicando un índice corrector a la baja del 15%”.
A este coeficiente reductor habría que añadirle el recorte realizado en 2012 a las cuantías de las ayudas al alquiler, que pasaron de ser de 320€ a los 275€ mensuales con esta nueva normativa, pese a que el precio del alquiler de una simple habitación en la comarca del Gran Bilbao pueda doblar actualmente el importe de dichas prestaciones.
El azote de la pandemia, la desregulación del mercado inmobiliario, la inflación, agravada aún más debido a la guerra en Ucrania han inflado la propia “Encuesta de Pobreza y Desigualdades del Gobierno Vasco”, que señala que un 19,9% de la población (432.219 personas) manifiesta una situación de pobreza, un 8% (174.176 personas) está en riesgo de pobreza, el 5,6% (121.502 personas) se encuentra en situación de pobreza grave y que 2.200 personas (posiblemente, muchas más) viven en la calle, sin olvidar que 3 de ellas han muerto en estas circunstancias durante estos últimos dos meses en el Gran Bilbao.
Ese mismo Gobierno Vasco que no quiere responsabilizarse de sus propios datos también señala que la pobreza infantil crece un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar a un 11,7% de la población menor de 14 años, habiendo 92.000 niños y niñas en la CAV en peligro de pobreza, principalmente en hogares encabezados por mujeres.
En lo que respecta a sus promesas de protección a la infancia y a la mujer, el Gobierno Vasco sigue dejando claro que las personas más desfavorecidas de estos grupos quedan fuera de su compromiso, pues mantiene la vigencia de la instrucción interna JAR-DBE-023, dirigida a aquellas familias monomarentales perceptoras de la RGI que fruto de una carencia de ingresos agudizada por una separación, divorcio o desahucio se ven obligadas a residir con sus familiares; antes de 2012 la limitación de tiempo para formar una unidad de convivencia diferenciada de los parientes de acogida era la mayoría de edad del menor. Actualmente está limitada a los 2 años de edad del menor y con la nueva ley solo se ha ampliado hasta los 3 años.
Resulta ya difícil creerse el relato conformista y aplacador del "no hay dinero" o "no se puede" para justificar esta nueva ley cuando el Gobierno Vasco se ahorrará 188 millones de euros de las cuantías de la RGI al gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y según su memoria económica, dicha reforma de la RGI le supondrá sólo un coste de 42 millones. No tiene reparo en demostrar que tiene otras prioridades más importantes que invertir ese monto restante de 146 millones de euros en ampliar derechos sociales.
Por si fuera poco que en sus 33 años de historia la RGI deje sin ingresos de ningún tipo a casi la mitad de la población en riesgo de exclusión social cada año y que las personas perceptoras (67.306 en 2020) no consigan salir de la pobreza, los recortes contemplados en esta nueva ley van a repercutir de forma directa en las 727.897 personas -un tercio de residentes en la CAPV- que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes.
Una pobreza que no se ve, no se quiere ver, ni tampoco mostrar, so pena de culpabilizar y criminalizar a quienes la padecen, tal y como continúa haciendo este nuevo documento al insistir en el empleo de sistemas biométricos como la huella dactilar y el reconocimiento facial, los cuales han sido cuestionados por la “Agencia Española de Protección de Datos” a raíz de que varias personas usuarias de las oficinas de Lanbide del barrio barakaldés de Cruces denunciaran su aplicación.
Una pobreza que convierte a quien la padece automáticamente en sospechoso de fraude sin derecho a la presunción de inocencia al incentivar esta ley que el personal de Lanbide pueda “acceder al domicilio de las personas titulares de las prestaciones”, obviando que el fraude en la percepción de éstas es inferior al 0,5%.
El Gobierno Vasco con esta ley tampoco tiene intención de reducir la brecha digital o de poner todos los medios a su alcance para garantizar la atención presencial a las familias perceptoras que lo necesiten al demandar que la tramitación de la RGI sea por medios electrónicos: “Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sustanciará por medios electrónicos los procedimientos”, así como también las comunicaciones y notificaciones: “a través de correo electrónico, del canal telefónico, ya sea fijo, móvil o por internet”.
Solo cabe concluir que la actual reforma de la RGI se hace a espaldas de las personas y familias más vulnerables y precarizadas, empobreciendo aún más a quienes menos tienen. Todas estas píldoras son veneno insípido que se ofrece a la ciudadanía entre discursos triunfalistas, consolidando el cada vez más desigual reparto de los recursos que padecen como un castigo aquellas personas que, una vez probado el caramelo, irónicamente ya nadie quiere escuchar. ¿Hasta cuándo?.
Berri-Otxoak, plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales
