Comunicado de Berri-Otxoak y Argitan
Pasados dos meses del desahucio en Barakaldo de una mujer víctima de violencia machista las instituciones siguen sin ofrecer una alternativa habitacional. El 31 de enero fue desalojada de su vivienda una mujer con tres hijos menores a cargo de 5, 11 y 14 años. Esta mujer se encuentra desde ese momento acogida en un servicio para mujeres víctimas de violencia machista.
Desde los servicios municipales la han manifestado que estará en este recurso un año. Además, no la tramitan ninguna tipo de prestación social a la que tiene derecho en Lanbide o los servicios sociales. Solo tiene como ingresos los del SEPE para mujeres víctimas de violencia machista, qué gestionó antes de ser desalojada de su vivienda.
Pasan las semanas y los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo y el Ejecutivo autonómico siguen incumpliendo la legislación que obliga a garantizar una alternativa habitacional a esta mujer víctima de violencia machista. Ni desde Alokabide ni desde los recursos municipales han hecho ningún tipo de gestión para garantizar su derecho a una vivienda.
El Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak mediante la protesta desarrollada esta mañana han denunciado que el “Ayuntamiento de Barakaldo y el conjunto del Gobierno Vasco nuevamente vuelven a vulnerar los derechos que asisten a las mujeres víctimas de violencia machista”.
Ambas asociaciones coinciden en señalar que Etxebide y el Ayuntamiento de Barakaldo contravienen hasta el manual de “Recursos para mujeres víctimas de violencia machista” de la Diputación de Bizkaia. En el mismo se señala la obligación institucional de poner a disposición de las mujeres víctimas de violencia machista de una alternativa habitacional digna y la estancia máxima en un espacio de acogida debe ser como máximo de 4 meses.
Asimismo, las entidades barakaldesas, recuerdan que “ambas instituciones desoyen la normativa vigente que obliga a garantizar el realojo inmediato de personas en situación de vulnerabilidad acreditada en una vivienda, excluyendo albergues o centros de acogida, en caso de llevarse a cabo un desahucio.”
"A pesar de las campañas institucionales en contra la violencia machista, a la hora de la verdad los servicios sociales municipales y de vivienda del gobierno vasco no tienen en cuenta la situación de las mujeres maltratadas, a las que, como en este caso se las niega tanto el acceso a la vivienda como a las prestaciones sociales a las que tienen derecho”.
BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)
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