Diversas actuaciones inspectoras realizadas en el centro baracaldés Iñigo de Loyola –también cerrado- pusieron en la pista de que se estaban dando incumplimientos “muy graves” en la normativa. Concretamente, el diputado se ha referido a la “ausencia de profesionales por la noche”. Asimismo, la Hacienda foral detectó también que la residencia no estaba al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que fue motivo para que perdiera la concertación el 24 de noviembre.
Murillo ha hecho una cronología de los hechos que han llegado hasta la orden de cierre. Tras realizar inspecciones el 8 y el 18 de octubre, su departamento, por indicación del Servicio de Inspección, decidió abrir el 17 de noviembre el expediente sancionador que concluyó el 28 de enero tras el correspondiente periodo para que la empresa presentara alegaciones.
El diputado ha indicado que este nuevo cierre demuestra que a la Diputación “no le va a temblar el pulso si tenemos que cerrar un centro”, ya que la prioridad de su labor es “garantizar los cuidados de nuestros mayores, por encima de cualquier otro interés”. En estos momentos, de los 10 residentes que quedan en la residencia de la localidad fabril, siete tienen ya fecha de salida y los otros tres están “en trámite” de que se les adjudique una plaza en otra residencia del sistema foral.
MÁS INSPECCIONES “QUE NUNCA” EN 2021
Antes de informar del cierre de este centro, Murillo ha querido adelantar algunos datos del Plan de Inspección y Control anual que todos los años comunica, de forma completa, en el mes de mayo, en la comisión de Acción Social de la Cámara vizcaína. El diputado ha resumido el apartado 1 de un análisis que incluye 5 bloques.
Pues bien, durante 2021 se produjeron “más inspecciones que nunca” en los centros de servicios sociales de Bizkaia (residencias mayores, centros de día, centros de menores, viviendas comunitarias…). En concreto, fueron “473” inspecciones, lo que supuso un “10%” más que en el ejercicio anterior cuando se dieron “436”, y más que en el año 2019, cuando se materializaron “398 inspecciones”, sin tener en cuenta en estos datos las vinculadas al covid-19. El año pasado habría que sumar otras “70” inspecciones por brotes de covid. En el haber de 2021, están también las “1.349 visitas” que realizaron los técnicos y técnicas PCI para controlar que los centros cumplían las medidas sanitarias frente a la pandemia.
Durante 2021, gracias a estas inspecciones se detectaron “30 incumplimientos” respecto a los requisitos materiales y funcionales de los centros. “Nueve” tienen que ver con la normativa específica del covid19 (visitas, limpieza, etc); “cuatro”, se detectaron en centros residenciales de personas mayores; “cinco”, en viviendas comunitarias; y “doce”, en centros residenciales de menores. Murillo ha destacado que “todos” los centros estuvieron sometidos a inspección pública.
Los grupos junteros que apoyan al Ejecutivo foral se han congratulado de que las inspecciones se conviertan en la “mejor garantía” para los cuidados de las personas mayores. Desde las filas de la oposición, sin embargo, el cierre de la residencia de Barakaldo demuestra que se está produciendo “una promoción de la gestión mercantilista” por parte de la Diputación, según el apoderado Héctor Fernández, de Elkarrekin Bizkaia, una política que “promueve el tener metido en las entrañas el ánimo de lucro”. Por su parte, Izaskun Duque, de EH Bildu, ha preguntado por si esta coincidencia que supone cerrar dos centros en la misma localidad, no ha supuesto “encender las alarmas” en otras residencias.
PRESTACIÓN ECONÓMICA A PERSONAS MAYORES
Por otro lado, la comisión ha debatido a propuesta de EH Bildu modificar el Decreto Foral por el que se regula la prestación económica de asistencia personal “para extender el ámbito de la prestación a las personas mayores”, un compromiso que según la coalición abertzale la Diputación asumió en su programa normativo ya en el año 2019. La proposición no de norma ha sido desestimada por 9 votos en contra (Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos), 5 votos a favor (EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia) y 1 abstención (Grupo Mixto-PP Bizkaia). Las dos formaciones que apoyan al Gobierno foral han señalado que se ha puesto en marcha una mesa de diálogo con el tercer sector para extender esta ayuda a mayores de 65 años, pese a que hay personas de este colectivo “que ya están recibiendo esta prestación”, ha advertido la jeltzale Elena Coria.
