La movilización se ha realizado ante el portal donde se ha producido la expulsión de esta mujer de su vivienda. En este caso, es la Sociedad Pública de Alquiler Alokabide, del Gobierno Vasco, la que ha pedido a la justicia el desahucio de esta mujer víctima de violencia machista.
Argitan y Berri-Otxoak denuncian que “ni los servicios sociales del Ayuntamiento ni el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide han ofrecido una alternativa habitacional a esta mujer víctima de violencia machista como exige la actual legislación y todos los actuales protocolos de actuación. Sin embargo, ambas administraciones sí han decido solicitar ejecutar la orden de desalojo realizada este lunes.”
“Ni el Equipo de Gobierno del consistorio fabril ni el Gobierno Vasco han ofrecido hasta la fecha ninguna vivienda alternativa, como exige la actual ley a esta mujer víctima de violencia machista. La cual cuenta con un informe de vulnerabilidad remitido al juzgado de Barakaldo. Además de acreditar su situación de mujer víctima de violencia machista, y contar con una orden de alejamiento en vigor.”
Asimismo, las entidades barakaldesas, recuerdan que “ambas instituciones desoyen la normativa vigente que obliga a garantizar el realojo inmediato de personas en situación de vulnerabilidad acreditada en una vivienda, excluyendo albergues o centros de acogida, en caso de llevarse a cabo un desahucio.”
Es más, el equipo de gobierno y ejecutivo autonómico, hacen caso omiso de la legislación que prohíbe expresamente la ejecución de un desahucio si no hay alternativa habitacional, el acceso a una vivienda en condiciones de dignidad.
"Constatamos que a pesar de que el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre contemplaba la paralización de los lanzamientos para personas en situación vulnerable, sin embargo estas situaciones continúan y el desahucio de esta vecina de Barakaldo es una prueba de ello."
El Centro Asesor de la Mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak han denunciado que las Administraciones públicas, al promover y permitir estos desalojos, incumplen las resoluciones de las Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que exigen una vivienda alternativa cuando afecte a familias en situación de precariedad.
Ambas asociaciones coinciden en señalar que “Alokabide y el Ayuntamiento de Barakaldo contravienen hasta el protocolo antidesahucios firmado por Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial en 2013 a raíz del suicidio de la vecina de Barakaldo Amaia Egaña cuando iba a ser expulsada de su vivienda y actualizado en febrero de 2019 donde se contemplaba la obligación institucional de poner a disposición de las familias afectadas una alternativa habitacional digna. Obligación siempre incumplida, como se demuestra con el desahucio ejecutado en el día de hoy”.
BERRI-OTXOAK
(Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)
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